Los socios abren fuego contra el Gobierno al calor de las elecciones vascas y catalanas

En el Ejecutivo –que la víspera había evitado el más mínimo reproche a la decisión del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de plantear ya formalmente un concierto fiscal que permita a Cataluña abandonar el sistema de financiación de las comunidades del régimen común, recaudar el 100% de los impuestos    y, como hacen el País Vasco y Navarra, pagar una aportación al Estado por los servicios que éste presta en su territorio– el tono hacia el también candidato de ERC era este miércoles ya distinto. «Es muy oportunista por su parte. Lo que pretende es confrontar con el PSC», recriminaron a Aragonès.

Con su jugada, el president y dirigente de Esquerra no solo incomoda a los socialistas, también ha tomado la delantera a Junts. Ahora, no soltará la presa. Este miércoles volvió a insistir, en un desayuno informativo en Madrid, en que la financiación propia debe ser un «hito» para resolver el conflicto catalán y lo hizo, además, al tiempo que en la Cámara baja la diputada de su formación Teresa Jordà, presentaba a su comunidad como víctima de un «expolio» frente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «La campaña –decían después fuentes de la Moncloa– está servida».

Pero no solo Montero se tuvo que batir el cobre defendiendo que Cataluña nunca ha tenido tantos recursos como ahora y que, si tiene problemas, será por una mala gestión de la Generalitat. También el jefe del Ejecutivo se afanó en rebatir las críticas, en este caso, de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, por haber renunciado a elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2024. «No ha tenido el coraje de presentarlos para evitar recordar en campaña que no tienen ningún proyecto para Cataluña, que harán como el resto de los gobiernos españoles», le espetó.

Sánchez replicó que su Gobierno ha desplegado una inversión récord en Cataluña y que además    está llevando a cabo una apuesta por la convivencia y el autogobierno. Pero en lo que no fue sino un ataque cruzado hacia los socialistas y hacia ERC, la diputada llegó a afirmar en tono beligerante que fue en 2017, con Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat –y por tanto con el PP de Mariano Rajoy en el Gobierno central, al que no citó– cuando Cataluña recibió más financiación del Estado.

También desde Bildu llovieron reproches, pese a que los independentistas vascos han sido muy claros al explicitar que su intención es seguir colaborando con los socialistas para dar continuidad a la legislatura. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, dio a entender que hace más responsable a Sumar que al PSOE de la situación, pero advirtió a Sánchez de que renunciar a las Cuentas de 2024 ha supuesto un claro «perjuicio» para la ciudadanía vasca y reclamó explorar «otras vías» para que puedan materializarse los «avances» que su formación estaba negociando con Hacienda hasta el anticipo de las catalanas.

En el Gobierno asumen que tanto para el partido de Arnaldo Otegi como para el PNV –que este miércoles atacó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su negativa a desclasificar la documentación sobre dos crímenes de los años 80 atribuidos a tramas parapoliciales, los casos Zabalza y Aldama– la prórroga presupuestaria ha sido una faena. «Con ellos la negociación estaba avanzada. Contaban con poder rentabilizar algunas cosas en su campaña y ahora están quejosos de que la coyuntura catalana se haya impuesto», dicen.

Fuentes del Ejecutivo no descartan tener algún gesto con las formaciones vascas en alguno de los proyectos de ley en tramitación (están pendientes los derivados del decreto ómnibus o el de la prórroga de medidas anticrisis). Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda ya avisan de que su intención es que el «grueso» de lo hablado pase a formar parte ahora de la negociación de los Presupuestos de 2025 que aspira a llevar al Congreso en otoño.