El Gobierno frena la tramitación del impuesto eléctrico que PP y Junts acuerdan suspender

La Cámara baja debatió el lunes el informe de la ponencia del proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Lo hizo a puerta cerrada y con la incorporación de una enmienda transaccional de populares y posconvergentes –que unas horas antes exigían al secretario general del PSOE someterse a una moción de confianza– que suspende el impuesto sobre el valor de la producción energética, aprobado en 2013 por Mariano Rajoy. Una «victoria parlamentaria» para el PP, que celebraba el hecho de «romper» el bloque de investidura que sostiene actualmente a Pedro Sánchez.

No obstante, los socialistas dejaban claro durante la mañana de este martes en el Congreso que su objetivo era el de revertir dicha situación y que estaban estudiando diversas opciones. Tanto desde el Grupo Socialista como desde el Gobierno advirtieron de que se trataba de un trámite absolutamente inicial en la tramitación de un proyecto de ley. Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, admitía que esa enmienda podría suponer una reducción de ingresos de hasta 1.500 millones de euros y lanzaba incluso un dardo a sus aliados en la Cámara baja al destacar que eso podría resultar contradictorio para algunos partidos que luego exigen más inversiones y recursos.

El Gobierno siempre tiene el poder de vetar enmiendas, pero en la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica del lunes, que preside la exministra Cristina Narbona, faltaba el diputado socialista por Almería Juan Antonio Lorenzo, lo que hizo que los de Alberto Núñez Feijóo se anotasen un tanto importante. Una demostración en toda regla de que en esta legislatura, con socios tan diferentes entre sí como los que sostienen a Sánchez, cualquier tipo de error puede resultar catastrófico para el Gobierno –a pesar de que en esta ocasión ni el propio PP ligue lo sucedido a un acercamiento de esos aliados al jefe de la oposición–.

La previsión inicial era que se aprobara el dictamen este jueves, pero la decisión de Narbona este martes fue la de desconvocar 'sine die' la Comisión –esta vez sí estaban todos los miembros de PSOE y Sumar–. Algo con lo que Moncloa gana tiempo para tratar de recomponer su mayoría y atraer de nuevo a Junts, ERC y PNV. Una de las fórmulas, según fuentes del grupo parlamentario socialista, pasaría por emitir un voto particular en la Comisión o en el propio pleno de la Cámara baja. Así se volvería a votar este punto y el texto regresaría a la redacción original, eliminando la enmienda en cuestión.

Eso sí, en el Ejecutivo son conscientes de que no pueden postergarlo demasiado: el Ministerio para la Transición Ecológica insiste en que el proyecto de ley –que solo ha superado el paso de la ponencia– traspone normativas europeas y que el acoplamiento al ordenamiento jurídico español es «urgente».

El gravamen que puede ser tumbado es un impuesto que pagan las compañías eléctricas al producir la luz al que se le aplica un gravamen del 7%. Aunque lo abonan las empresas, al final lo trasladan al recibo de la luz que pagan todos los consumidores al incrementar la tarifa y costes incluidos en el recibo. Aunque comenzó a aplicarse en 2013, como consecuencia de la crisis energética de 2022 el Gobierno decidió suspenderlo inicialmente, para después aplicar un tipo reducido del 3,5% (hasta el pasado mes de marzo); después un 5,25% (hasta junio); y ahora se encuentra en el 7% original.

La enmienda acordada entre PP y Junts prevé volver a suspender este tributo a partir del 1 de enero, algo que supondría un ahorro –según fuentes populares– estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes, este sería de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias.