Sánchez descarta la cuestión de confianza que exige Junts con las Cuentas en el aire

La respuesta del Ejecutivo es indicativa de un cierto escepticismo hacia los órdagos del expresident catalán. Los socialistas se declaran «tranquilos». Creen que si de verdad tuviera intención de tumbar a Sánchez, Puigdemont habría abierto la puerta a apoyar una moción de censura como la que hace poco más de dos semanas sugirió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En su lugar, los posconvergentes registraron este lunes en el Congreso una proposición no de ley para instar al presidente a hacer algo que sólo a él le corresponde activar y constitucionalmente nadie le puede imponer. Ni siquiera está claro que la propuesta de Junts supere el filtro de la Mesa para ser sometida a votación en el pleno, como pronto, en febrero.

Pero que no vaya a haber una cuestión de confianza no quiere decir que el órdago de Puigdemont sea inocuo. Es un aldabonazo más que llega solo unos días después de que Sánchez adelantara, durante el cóctel institucional por el Día de la Constitución, en la Cámara baja, su intención de presentar las Cuentas públicas «a principios de año», pero también cuando en Moncloa aseguraban estar recuperando la confianza del siempre receloso exgobernante catalán y su voluble partido. Como poco, el golpe encima de la mesa hace tambalearse el discurso de que, pese a lo que pueda parecer, el Ejecutivo es estable. Un relato que ayer se afanaron en reiterar el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López. «Aquí –defendió esta– hay un Gobierno que cumple».

Eso es justo lo que Puigdemont dice que no ocurre. El expresident advirtió de que «las cosas no van bien» y adujo que hace falta un «punto de inflexión» para reconducir las relaciones o su formación tomará una decisión definitiva. «Las desconfianzas han aumentado», avisó. Su lista de exigencias es larga y abarca desde asuntos tangibles e inmediatos a objetivos a largo plazo, como el reconocimiento nacional de Cataluña.

De todo lo que pactaron hace un año a cambio de investir a Sánchez, lo único que los soberanistas consideran cumplido es la celebración mensual de la mesa de Suiza con un mediador internacional. Todo lo demás, creen que sigue en al aire. Especialmente la amnistía, que debía haber beneficiado al expresidente de la Generalitat.

El asunto está pendiente del Tribunal Constitucional y Puigdemont exigió este lunes un pronunciamiento explícito. «El Tribunal Supremo se ha declarado en rebeldía contra una ley aprobada por el Parlamento español, es un hecho muy grave. Pero Sánchez ha sido incapaz de hacer ni una sola declaración o comparecencia para posicionarse, cuando sí lo ha hecho cuando ha habido casos que han afectado a su familia», recriminó.

Junts exige además el reconocimiento del catalán en la Unión Europea. Su líder argumentó que la negociación de la nueva Comisión Europea habría sido «un momento idóneo» para defenderlo y reprochó que no se haya « aprovechado» cuando, en cambio, Sánchez sí se tragó el sapo de aceptar los candidatos planteados por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para que Teresa Ribera lograra el puesto de vicepresidenta.

También reclamó avances en un pacto fiscal que no sea «café para todos» e insistió un asunto que, según apuntaban ambas partes en las últimas semanas, se suponía casi acordado: la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, una promesa arrancada al Gobierno en la agónica negociación de los primeros reales decretos leyes de la legislatura, el pasado enero. «Queremos decidir sobre el modelo, resolver sobre permisos de corta y larga duración, sobre reagrupación familiar, sobre órdenes de expulsión, sobre lengua catalana y control de fronteras», reiteró ayer Puigdemont.

Con la amenaza de su proposición de ley sobre la mesa, Junts insta a Sánchez a moverse en los próximos dos meses para negociar la senda de gasto y los Presupuestos. Lo hace después de haber demostrado que no le duelen prendas en hacerle perder una votación si es necesario. Ocurrió en julio con la senda de estabilidad presupuestaria, que Sánchez ordenó retirar luego en septiembre para seguir negociando y evitar otro revolcón; con la ley de extranjería o con la de los alquileres temporales.

Pero, además de la presión al Ejecutivo, el gesto de Puigdemont tiene otros destinatarios. Es una respuesta a los sectores más duros del independentismo que cuestionan que Junts se haya convertido en facilitador de la gobernabilidad a cambio de muy poco y es un artefacto explosivo en medio de las primarias de ERC, su gran adversario. Este próximo sábado, la militancia republicana votará ahora a su nuevo presidente pensando qué hará si el Congreso vota sobre la cuestión de confianza.