La justicia complica la amnistía a Puigdemont al acusarle de traición por sus tratos con Putin

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad condal ha abierto una pieza separada por traición, al considerar acreditados los contactos del expresidente y el resto de acusados con los espías y otros enviados del régimen de Vladímir Putin a fin de explorar un posible sustento político, económico e incluso militar a la intentona secesionista de otoño de 2017. Un movimiento, el de Aguirre, llamado a obstaculizar el retorno a Cataluña de Puigdemont, sobre el que sigue pesando la orden de detención de Llarena y que, por de pronto, no estará el miércoles en el primer y fallido pleno de investidura en el Parlament en el que han decidido no quemarse ni él ni el socialista Salvador Illa.

El delito de traición al Estado podría quedar fuera de la la ley de amnistíaen función de la gravedad del mismo, tal y como recoge el artículo 2 de la controvertida normativa. El juez deja el abanico de severidad de esa acusación totalmente abierto: «Se investiga un presunto de delito de traición del Título XXIII del Libro Segundo del Código Penal, sin que en este momento este magistrado se atreva a especificar el concreto tipo penal por las razones que más adelante se dirán».

Dicho título recoge un total de ocho tipos delictivos de traición –los preceptos del 581 al 588–, muchos de ellos relacionados con el recurso a las armas. Y ahí radica el dilema. El artículo 2.f. de la ley de amnistía excluye de la misma, sí, «los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado», pero solo en aquellos casos en los que se «haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España».

En la pieza barcelonesa, además de Puigdemont y Mas, están involucrados el jefe de gabinete del líder de Junts, Josep Lluis Alay y su abogado, Gonzalo Boye; la que fuera consejera de presidencia y portavoz en los momentos críticos del 'procés', Elsa Artadi; el diputado Francesc Dalmases; el antiguo encargado de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas; y varios contactos suyos como Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko.

En las 56 páginas en las que Aguirre justifica la apertura de esta pieza separada que va a acabar en el Supremo por el aforamiento de Puigdemont en su condición de eurodiputado, el instructor asegura tajante que el Kremlin no dudó en inmiscuirse en el 'procés' a petición de los investigados porque vio una oportunidad en ese órdago para dañar a la UE. «Rusia habría contado con una 'puerta trasera' para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas», afirma.

Los indicios más delicados contra Puigdemont y que podrían encartarle por un delito de traición no amnistiable es que tanto en este sumario como en el juicio sobre el 'procés' ya aparecieron menciones sobre la promesa del Gobierno de Moscú de aportar 10.000 soldados o mercenarios para que Cataluña, tras la secesión, contase con una estructura militar transitoria hasta que formara su propio ejército como país independiente. Según una conversación grabada entre Terradellas y otro dirigente secesionista, Puigdemont se quedó «anonadado» y «se cagó en los calzoncillos» ante el ofrecimiento de refuerzo con tropas rusas.

Aguirre indaga desde octubre de 2020 las injerencias rusas en el marco de una investigación que originariamente era sobre el desvío de fondos públicos para financiar el desafío independentista. A raíz de la a intervención de los móviles de 18 de los implicados se fueron conociendo los vínculos de Puigdemont y su entorno con el Kremlin antes, durante y después del referéndum ilegal del 1-0. De hecho, el expresident llegó a tener el 27 de octubre de 2017, día de la nonata declaración unilateral de independencia (DUI), una reunión con intermediarios rusos–entre ellos, Nikolay Sadovnikov, supuestamente enviado por Putin según consta de la investigación– en su vivienda oficial.

En este encuentro, en el que también estuvieron Artadi y Terradellas, los intermediarios rusos, además de prometer los mercenarios, se ofrecieron a ayudar a pagar con criptomonedas los 77.740 millones de deuda pública de Cataluña con España. En su declaración ante el juez, Terradellas confirmó que los emisarios ofrecieron soldados y dinero, pero aseguró que Puigdemont «consideró estos ofrecimientos como una broma de mal gusto» y no les dio crédito.