Puigdemont pide al Supremo que le aplique la amnistía ya y que levante la orden de captura

En su alegato de 23 páginas, Boye avisa a Llarena que «la única solución» conforme a derecho, «y respetuosa» con la Constitución, los tratados ratificados por España y la ley de amnistía es «el levantamiento de las medidas cautelares» que pesan sobre el presidente, específicamente la orden de búsqueda y captura que impide a Puigdemont volver a España sin ser arrestado.

«Una lectura reposada y desapasionada» de la controvertida norma «permite, manifiestamente, su aplicación a los hechos objeto del presente procedimiento calificados como delito de malversación de caudales públicos», sostiene la defensa del expresidente de la Generalitat.

En su escrito, defensa de Carles Puigdemont defiende a capa y espada la aplicación íntegra de la amnistía al líder de Junts porque rechaza de plano que al expresident se le puedan aplicar las excepciones que establece la ley en el tema de la malversación y el 'enriquecimiento patrimonial'. Boye recuerda que el Supremo excluyó «expresamente» que hubiera habido un propósito de enriquecimiento en el referéndum ilegal del 10-O . El letrado también incide en que el procés tampoco afectó al intereses financieros de la UE (como sí han asegurado los fiscales del procés que han sido apartados por Álvaro García Ortiz), porque de haber sido así habría actuado la oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), y no ha habido ninguna intervención de este organismo comunitario.

«No se da la excepción relativa al propósito de enriquecimiento», insiste la representación del expresiden, porque «de haber existido (esa malversación), lo habría sido con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación» y no para lucrarse personalmente. El alegato zanja que «en modo alguno se puede considerar tal enriquecimiento» al no ser «posible» identificarle « sin caer en una interpretación manifiestamente arbitraria, ilógica, absurda e irracional de la norma».