El juez investiga si Koldo García captó a nueve altos cargos de Transportes e Interior

El juez instructor trata de despejar estos interrogantes y, para ello, ha autorizado a los investigadores de la Guardia Civil a acceder a los correos corporativos de nueve altos cargos de estas administraciones en marzo de 2020.

En un auto del pasado 19 de febrero –solo un día antes de que estallara la operación con 20 detenciones y 26 registros–, el juzgado de la Audiencia Nacional permitió que los agentes se personasen en los dos ministerios en busca de esta información.     

Según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, se ordenó el volcado de los buzones de los ordenadores de cuatro altos cargos de Puertos del Estado: la entidad perteneciente a Transportes que concedió el primer contrato a Soluciones de Gestión por 20 millones de euros. Un organismo del que Koldo García fue    vocal del consejo rector.

Entre estos empleados está el actual secretario general Álvaro Sánchez, de quien los investigadores sospechan que era el «interlocutor» de García. Por lo tanto, supervisar sus correos podría ser un «hito de interés» si se confirma este extremo, ya que Sánchez intervino en la adjudicación.

La resolución acuerda volcar sus correos entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020, coincidiendo con las licitaciones. Este es el caso de Francisco Toledo, presidente entonces de Puertos del Estado; Aránzazu de Miguel, jefa de gerencia de riesgos; y Belén Caballero, jefa de contratación y consejos de administración.

El mismo requerimiento se hizo en ADIF, que contrató con Soluciones de Gestión por 12,5 millones. La medida afecta a la entonces presidenta    Isabel Pardo de Vera; Martín José Navarro, director de recursos humanos, que fue en la lista de Ábalos al 39 Congreso Federal del PSOE; y Jesús Ángel Díaz, subdirector de prevención de riesgos laborales.

En el caso de Michaux Miranda, director general de gestión de personas, además del periodo reclamado de sus correos se amplía a la actualidad: entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero pasado. Por último, también se analizarán las comunicaciones electrónicas de Daniel Belmar, subdirector de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad, dependiente del Ministerio del Interior. Desde su departamento se autorizó el contrato para adquirir mascarillas por 3,4 millones.

Los investigadores quieren cotejar estos correos con el volcado de los buzones de Koldo García. En su caso se escrutarán las    comunicaciones desde el 1 de enero de 2020 hasta el 19 de febrero pasado. Además, el requerimiento de documentación afecta a tres empresas que mediaron entre los proveedores chinos y Soluciones de Gestión y a Ingesa, el instituto nacional de gestión sanitaria.