El teléfono de Sánchez «fue infectado» el 19 y el 31 de mayo de 2021

Durante esas fechas tuvo lugar la avalancha de inmigrantes marroquíes en Ceuta, más de 8.000 personas, en la madrugada del 17 de mayo. Un día después Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitaron la ciudad autónoma y el 31 de mayo se produjo el anuncio de Rabat de que daba por «rota» la relación de confianza con España tras acusar al presidente de fomentar el «separatismo» saharaui por dar acogida al líder del Frente Polisario Brahim Ghali, enfermo por coronavirus.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional añade también que el dispositivo móvil analizado el pasado sábado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue infectado por el programa espía israelí "en junio de 2021" y se produjo, al igual que el de Sánchez, «exfiltración de información del dispositivo y actualmente el móvil no presenta indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus».

El juez Calama explica estos detalles en el auto en el que acuerda la incoación de diligencias previas por un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia de la Abogacía del Estado por la infección con el programa espía Pegasus (perteneciente a la agencia israelí NSO) de los teléfonos móviles de Sánchez y Robles.

El juez ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado.

En su auto, el magistrado explica que los hechos que constan en la denuncia de la Abogacía del Estado podrían enmarcarse dentro de los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos, que se recogen en el Título X del Libro II, referente a los «delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio».

Recuerda Calama que estos derechos salvaguardan un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad.

El juez entiende que los hechos denunciados serían competencia de la Audiencia Nacional, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto afectan a altos organismos de la nación, como son el presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa. Aparece «meridianamente claro», según Calama, la competencia del tribunal central para instruir la causa penal encaminada a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento.

En su resolución, el juez procede también a tener a la Abogacía del Estado como personada y parte en las actuaciones. Según fuentes fiscales, será el jefe del departamento, Jesús Alonso, quien lleve en persona el caso dada su trascendencia: es la primera vez que un presidente del Gobierno denuncia un delito contra su persona, en este caso el robo de información de su terminal.

Según consta en el escrito, los teléfonos móviles de Sánchez y Robles fueron objeto de varias infecciones por la herramienta de espionaje Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021. De la terminal del presidente se extrajeron 2,6 gigas en una primera intrusión -equivale a una cuarta parte del volumen de datos de Wikipedia, por ejemplo- y 130 megas en la segunda. En el caso de Robles, según informó el Ejecutivo, se extrajeron apenas nueve megas.

El juez Calama dio cuenta de esta decisión en un documento donde especificaba que la denuncia señala que, «mediante el análisis de los dispositivos móviles del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa realizados por el CERT Gubernamental Nacional el 30 de abril de 2022 (sábado pasado), y acompañados a dicha denuncia, se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, software espía de dispositivos móviles».

El CERT es la unidad de respuesta contra los ataques informáticos perteneciente al Centro Criptológico Nacional (CCN), un organismo adscrito al CNI.