Los Jordis podrán pedir su libertad en tres meses

La progresión al tercer grado supondría que los presos solo tendrían que ir a dormir a prisión de lunes a viernes.

La progresión de este grado debe ser estudiada por los responsables del centro, que deben valorar el comportamiento del recluso, el tipo de pena y sus perspectivas de reinserción. En cualquier caso, la concesión del tercer grado debe ser ratificada por el juez de vigilancia penitenciaria (el Juzgado de Vigilancia número 5 dirigido por María Jesús Arnau, en el caso de Lledoners) y puede ser recurrida por la Fiscalía antes diferentes órganos, tal y como recordó el Supremo en su sentencia.

No solo los Jordis podrían estar en breve en la calle. También el resto de presos que han sido condenados, sobre todo los que han sido condenados por sedición pero sin malversación y que, por tanto, no tienen que afrontar una responsabilidad civil que pueda frenarles la progresión de grado por no haber satisfecho los pagos a la justicia. A saber la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull. En cuestión de meses, también ellos podrán solicitar su paso al tercer grado al haber sido condenados a penas de menos de doce años de cárcel.

El Supremo ha abierto la puerta a las excarcelaciones al rechazar expresamente la petición del fiscal de que se impidiera, por sentencia, acceder al tercer grado hasta que los reos hubieran cumplido la mitad de su condena, tal y como posibilita el artículo 36.2 del Código Penal, «que otorga al tribunal sentenciador la facultad de efectuar un pronóstico de peligrosidad que preserve los bienes jurídicos que fueron violentados con el delito».

La Sala considera que esa facultad «no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria que no se consideren acordes con la gravedad de la pena».

Además, para el Supremo no es necesario limitar su salida a la calle porque es imposible que reincidan. «Los acusados han sido castigados, además de a las penas privativas de libertad asociadas a los tipos por los que se formula condena, a penas de inhabilitación absoluta que excluyen el sufragio pasivo y la capacidad para asumir responsabilidades como aquellas que estaban siendo ejercidas en el momento de delinquir», recuerda el fallo.