Las condenas, una a una

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para él 25 de años de prisión más 12 de inhabilitación absoluta por los delitos de rebelión como jefe principal y distracción ilegal de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicitó para él 12 años de prisión más 12 de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Barcelona, 1964. Fue portavoz en los años 80 de un movimiento a favor del catalán y después se vinculó a la izquierdista Iniciativa per Catalunya (ICV). También fue adjunto al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán. Impulsó varios pactos en materia educativa y de inmigración antes de relevar a Carme Forcadell en la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organización en la que alcanzó gran notoriedad pública. Fue incluido en las listas de Junts per Catalunya en 2017 y trató de ser investido presidente cuando ya estaba preso, pero el juez Pablo Llarena le denegó el permiso para ir al Parlament.

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para él 17 de años de prisión más 17 de inhabilitación absoluta por el delito de rebelión como jefe principal. La Abogacía del Estado solicitó para él 8 años de prisión más 8 de inhabilitación por el delito de sedición.

Santa Perpetua de Moguda (Barcelona), 1975. Insumiso y activista de izquierdas, su trayectoria está estrechamente ligada a Òmnium Cultural, una de las organizaciones civiles impulsoras del 'procés' junto a la ANC. Primero fue tesorero, luego vicepresidente y finalmente presidente desde 2015, cuando sustituyó en el cargo al actual jefe del Govern, Quim Torra. En su escrito de defensa, acusa al Estado de enjuiciar derechos fundamentales y «encubrir la tortura» por no investigar la «violencia policial» durante el referéndum ilegal del 1-O.

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para él 17 de años de prisión más 17 de inhabilitación absoluta por el delito de rebelión como jefe principal. La Abogacía del Estado solicitó para él 8 años de prisión más 8 de inhabilitación por el delito de sedición.

Tarragona, 1955. Militante de Esquerra (ERC), estuvo en su ejecutiva de 2001 a 2004 y fue concejala en Sabadell (Barcelona). Al perder el acta como edil, decidió centrarse en el activismo y fue una de las principales impulsoras de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organización que presidió entre 2011 y 2015. Su papel protagonista en las reivindicaciones independentistas la catapultó al número dos en las listas de Junts pel Sí en 2015. Fue presidenta del Parlament, donde recibió avisos del Tribunal Constitucional por permitir las votaciones sobre la hoja de ruta soberanista.

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para ella 17 de años de prisión más 17 de inhabilitación absoluta por el delito de rebelión como jefe principal. La Abogacía del Estado solicitó para ella 8 años de prisión más 8 de inhabilitación por el delito de sedición.

Madrid, 1971. Profesor de Relaciones Internacionales y vinculado a organizaciones ecologistas, fue eurodiputado entre 2004 y 2014 en representación de ICV, formación coaligada con Izquierda Unida en Cataluña. Un año después, se convirtió en el fichaje estrella de Junts pel Sí, la unión entre Convergència y Esquerra, aunque el verdadero candidato a la presidencia fue Artur Mas. Asumió las labores de consejero de Asuntos Exteriores, una denominación tumbada por el Constitucional al no ser competencia autonómica. Fue el artífice de la internacionalización del proceso independentista y desplegó la red diplomática en el extranjero.

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para él 16 de años de prisión más 16 de inhabilitación absoluta por los delitos de rebelión como mando subalterno y distracción ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado solicitó para él 11 años y medio de prisión más otros tantos de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación.

Barcelona, 1964. Ha desempeñado la mayor parte de su actividad política en el Ayuntamiento de la Barcelona, donde fue concejal ininterrumpidamente desde 1999 hasta 2017. Portavoz del grupo municipal de CiU desde 2007, fue el primer teniente de alcalde de la ciudad condal con Xavier Trias. En 2017, sustituyó como consejero de Interior a Jordi Jané -que se fue al no compartir la hoja de ruta unilateral-. Como principal responsable político de los Mossos, se encargó del operativo del 1-O, aunque en su escrito de defensa aduce que no dio instrucciones al cuerpo policial. En mayo lideró desde prisión las listas del PDeCAT en Barcelona.

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para él 16 de años de prisión más 16 de inhabilitación absoluta por los delitos de rebelión como mando subalterno y distracción ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado solicitó para él 11 años y medio de prisión más otros tantos de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación.

Barcelona, 1966. Ligado a Convergència desde los 17 años, comenzó como concejal en Parets (Barcelona) y se presentó a la alcaldía hasta en tres ocasiones. Pasó por la Diputación provincial y dirigió el Instituto Catalán del Voluntariado antes de lograr su escaño en el Parlament, donde fue nombrado portavoz de CiU en 2010. Fue un estrecho colaborador de Puigdemont en el Govern, ya que ejerció de portavoz y consejero de Presidencia. Trató de sucederle en marzo de 2018 cuando estaba en libertad provisional, pero no recabó el apoyo de la CUP.

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para él 16 de años de prisión más 16 de inhabilitación absoluta por los delitos de rebelión como mando subalterno y distracción ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado solicitó para él 11 años y medio de prisión más otros tantos de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación.

Torroella de Montgrí (Girona), 1959. Profesora vinculada a asociaciones en defensa de la igualdad, ocupó diferentes cargos en el sindicato UGT entre 2000 y 2015. Paralelamente fue concejala y teniente de alcalde por Esquerra en su localidad natal. Se integró en las listas de Junts pel Sí y, tras la investidura de Puigdemont, fue designada consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Fue una de las personas que acompañó al expresident en su huida a Bélgica, pero regresó a España después. En prisión preventiva desde marzo, afirmó tras su traslado a una cárcel catalana que prefería la de Alcalá Meco porque era «como un colegio de monjas».

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para ella 16 de años de prisión más 16 de inhabilitación absoluta por los delitos de rebelión como mando subalterno y distracción ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado solicitó para ella 11 años y medio de prisión más otros tantos de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación.

Terrassa (Barcelona), 1968. Comenzó joven su carrera parlamentaria y ejerció de portavoz adjunto de CiU y secretario tercero de la Mesa. Como secretario de Organización, fue uno de los hombres fuertes durante los últimos tiempos de Convergència antes del proceso de refundación que dio paso al actual PDeCAT. En el mandato de Puigdemont, fue consejero de Territorio y Sostenibilidad. Hace unas semanas fue protagonista de una polémica al revelarse que salió de prisión para ver a su hijo en el hospital sin permiso del juez.

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para él 16 de años de prisión más 16 de inhabilitación absoluta por los delitos de rebelión como mando subalterno y distracción ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado solicitó para él 11 años y medio de prisión más otros tantos de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación.

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 1964. Su vinculación a la órbita convergente le viene de familia, ya que su padre, Jacint Borràs, fue uno de los fundadores del partido. Fue candidata a la alcaldía de su municipio en cuatro ocasiones antes de ser designada consejera de Gobernación en sustitución de Joana Ortega. También acompañó a Puigdemont en su marcha a Bélgica, aunque finalmente regresó para comparecer ante la Audiencia Nacional. Permaneció en prisión durante dos meses, una etapa que relató en un libro publicado en septiembre. Se desvincula de la organización del 1-O porque «ya no tenía competencia» sobre los procesos electorales.

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para ella 7 de años de prisión más 17 años y ocho meses de inhabilitación absoluta y especial por los delitos de malversación y desobediencia. La Abogacía del Estado solicitó para ella 7 años de prisión más 10 años de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y desobediencia grave de una autoridad pública.

Vic (Barcelona), 1976. Abogado de formación, fue concejal de Esquerra en Gurb (Barcelona), localidad en la que se crió, y fundó una asociación para luchar contra actos de catalanofobia. Ocupó altos cargos en el tripartito entre PSC, ERC e ICV. Puigdemont lo escogió como consejero de Justicia en 2016 y siempre actuó de forma discreta. Su talante lo llevó a cuestionar la polémica declaración unilateral de independencia y lo convirtió en una de las principales bazas del partido. De hecho, llegó a estar en las quinielas para suceder a Junqueras. Finalmente abandonó la política a principios del año pasado para volver a ejercer la abogacía.

Petición de penas: La Fiscalía solicitó para él 7 de años de prisión más 17 años y ocho meses de inhabilitación absoluta y especial por los delitos de malversación y desobediencia. La Abogacía del Estado solicitó para él 7 años de prisión más 10 años de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y desobediencia grave de una autoridad pública.

Granollers (Barcelona), 1973. Su trayectoria política comenzó en Esquerra, partido por el que fue concejal en Figueras (Girona) antes de dar el salto a CiU. En 2007 fue elegido alcalde y en 2011 revalidó la victoria con mayoría absoluta. Compaginó esa labor con su escaño en el Parlament y fue consejero de Territorio con Mas. Después, con Puigdemont, fue titular de Cultura, y luego de Empresa hasta que dimitió un día antes de la declaración de independencia por su rechazo al unilateralismo. Defensor del diálogo hasta el último momento, fue quien recurrió al lehendakari, Iñigo Urkullu, para que mediara entre los gobiernos catalán y central.

Petición de penas:La Fiscalía solicitó para él 7 de años de prisión más 17 años y ocho meses de inhabilitación absoluta y especial por los delitos de malversación y desobediencia. La Abogacía del Estado solicitó para él 7 años de prisión más 10 años de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y desobediencia grave de una autoridad pública.