Las causas pendientes de la larga sombra del 'procés'

El mapa judicial que dejó el 'procés' es tan diverso que se estima que hay más de 30 juzgados investigando denuncias en Barcelona, Tarragona, Gerona o Lérida y unos 50 procedimientos en marcha con varios centenares de encausados. No existen cifras oficiales dada la dificultad de acceder a los datos, según admiten fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque el presidente de la Generalitat Quim Torra habló de 2.000 investigados o procesados.

Se trata de un escenario sin paragón por unos acontecimientos políticos y sociales que cambiaron en poco más de un mes el devenir de Cataluña. Sólo el caos aéreo vivido en España en 2010, debido a la huelga encubierta de los controladores por su conflicto con el Gobierno, derivó en una veintena de causas en distintos juzgados de todo el país.

En cambio, los juzgados catalanes tramitan procedimientos por delitos de todo calado: malversación de fondos públicos, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, delito de odio, falsedad documental, coacciones, lesiones o amenazas. Y entre los investigados hay políticos, alcaldes, concejales, policías nacionales, mossos, maestros, bomberos, empresarios o particulares.

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó en abril pasado a más de 30 cargos de la Generalitat y empresarios por la organización del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Precisamente, los incidentes sucedidos con ocasión del registro llevado a cabo en la Consejería de Economía y Hacienda el 21 y 22 de septiembre de 2017, ordenados por este juzgado, derivaron en una querella de la Fiscalía General por un delito de sedición que acabó en la Audiencia Nacional.

La juez del 13 Alejandra Gil, sustituta de Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre de 2018, fijó una fianza de 5,8 millones de euros por la presunta responsabilidad civil derivada de la malversación, «cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum».

En total, son 17 las personas procesadas por malversación, todos ellos altos cargos de la Generalitat durante el 1-O, como Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia; Joaquim Nin, secretario general del Departamento de Presidencia; o Jaume Clotet, director general de Comunicación. El número dos de Oriol Junqueras en Economía, Josep María Jové, también está siendo investigado por estos hechos pero en el Tribunal Superior de Cataluña, dada su condición de aforado.

Respecto a los alcaldes y concejales, un juzgado de Manresa procesó a un regidor en otoño pasado por un delito de desobediencia. Otro órgano de Reus propuso juzgar en diciembre pasado por un delito contra los derechos fundamentales (delito de odio) al alcalde tarraconense y cuatro concejales independentistas. Por su parte, la Fiscalía denunció en marzo a otros seis alcaldes por su «participación activa» en la organización de la consulta más allá de la mera «adhesión política».

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que investiga la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los puntos de votación del 1-O, tomó declaración la semana pasada a ocho inspectores jefe que fueron los responsables de los dispositivos en 27 centros. También mantiene investigados a otros 24 agentes por delitos de lesiones y/o contra la integridad moral, según informó el Ayuntamiento de Barcelona. En las primeras semanas tras el referéndum este órgano llegó a acumular unas 260 denuncias de particulares, la mayoría por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los antidisturbios. También hay diligencias en marcha en juzgados de Lérida, Mataró, Manresa, Gavà o Tarragona, mientras que en otros de Hospitalet, Sabadell o Amposta se archivaron por falta de autor conocido o ausencia de indicios delictivos.

Los Mossos tampoco se libran de las pesquisas por su papel en el 1-O. En su caso, por su supuesta inacción a la hora de cumplir la orden del TSJC para impedir las votaciones y la apertura de colegios. Llegaron a abrirse 15 causas por delitos de desobediencia, y un juzgado de Cornellà, por ejemplo, llegó a inhibirse ante la Audiencia Nacional para que siete comisarios e intendentes se incorporasen a la causa por sedición contra el que fuera mayor Josep Lluis Trapero, pero fue rechazado.

El juzgado de instrucción número 7 de Martorell (Barcelona) archivó en mayo de 2018 las nuevas denuncias interpuestas contra varios profesores por delitos de odio por sus comentarios en clase criticando la actuación policial. La causa espera el recurso ante la Audiencia Provincial desde hace 15 meses. En Mataró y Rubí se investigan a dos hombres por atentado y lesiones contra agentes de la Guardia Civil. Y Tamara C. G., coordinadora de los CDR en Barcelona, permanece en libertad provisional desde abril de 2018 con medidas cautelares que le impiden salir de su municipio solo para trabajar.