La inédita declaración de Begoña Gómez ante el juez mide la entereza de Sánchez y el PSOE

Es una incógnita cuál será el desenlace del día, en el que también está citado, él en calidad de testigo, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache (el centro académico ha pasado de amparar la cátedra de la hoy imputada a declararse afectado por algunas prácticas de su consultoría empresarial). También si el presidente acompañará o no a su esposa, aunque nada se ha dejado traslucir en los previos de que vaya a acudir e incluso algún miembro del Gobierno sugería ayer que, si se lo consultara, «se lo desaconsejaría». En todo caso, la decana de los juzgados, María Jesús del Barco, ha accedido a la petición formulada por motivos de seguridad por Presidencia del Gobierno y blindará el impacto de la imagen de Gómez, con o sin Sánchez a su lado, haciendo el temido y agraviante 'paseíllo' de entrada a los dominios de la Magistratura. Del Barco lo evitará permitiendo el acceso a la investigada, que ha perdido recientemente a su padre y también ha requerido a Peinado que no grabe en vídeo su declaración, a través del garaje. Pero este mero hecho, sumado a que la solicitud para garantizar «la integridad física» de la encausada ante posibles protestas en su contra ha partido del propio Gobierno y que el abogado de Gómez sea el exministro socialista del Interior Antonio Camacho, da la medida de lo que está en juego, judicial y políticamente, con la citación de hoy.

Una declaración que examinará la entereza de Sánchez, del Ejecutivo que encabeza y del PSOE con la legislatura atascada –los socialistas lanzaron ayer en el Congreso la renovación del Consejo del Poder Judicial con un pacto con el PP del que se desmarcó Sumar y que es denostado por el resto de sus socios de investidura– y el devenir de otra semana compleja marcada por el portazo del Tribunal Supremo a amnistiar a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Fueron las diligencias abiertas a su mujer lo que llevó al presidente el 24 de abril a tomarse cinco días de «reflexión», a amagar con dimitir y a transformar la causa, una vez resuelto a seguir en la Moncloa, en el acicate contra «la máquina del fango».

Esa palanca cobrará cuerpo en el plan de «regeneración democrática» que Sánchez llevará al Congreso este 17 de julio entre los recelos de sus socios visto que ha acabado desatando el nudo del CGPJ según los cánones del viejo bipartidismo –un acuerdo mano a mano con el PP–; y con    la oposición rumiando que lo que pretende el jefe del Ejecutivo, con su admisión de que en España existe 'lawfare' (guerra sucia judicial) y su combate contra «los pseudomedios», es en realidad condicionar a la Judicatura y silenciar a la prensa crítica. Pero hasta que llegue esa convocatoria parlamentaria, el presidente y los suyos tienen que pasar el insólito mal trago de hoy y las consecuencias que se deriven de él. Y el lenitivo en estas cargadas horas ha pasado por cuestionar la actuación del instructor.

«Estamos deseando que todos –ella y su defensa, la prensa y la sociedad– podamos saber de qué se la acusa; expectantes por conocer qué sabe el juez peinado que no sabe nadie», apremian en el PSOE, ante la constatación de que el magistrado ha decidido seguir adelante contra Begoña Gómez pese a haber cedido una parte nuclear de la investigación a la Fiscalía Europea y pese a los informes de la Fiscalía y de la Guardia Civil que no encuentran indicios de delito en la actuación de la consultora.

Pero las palabras más gruesas entre los socialistas llegaron del flanco de uno de los ministros que, además, es juez, Fernando Grande-Marlaska. El titular de Interior acusó a Peinado de dirigir una instrucción «extramuros» de un procedimiento penal homologable porque no se estaría basando en «hechos concretos y perfectamente definidos» y sí en lo que se conoce como una indagación «prospectiva»; dicho de otra forma, en buscar pruebas para imputar en vez de hacerlo según indicios ya acreditados.

Tras un inicio de semana supeditado al rechazo del Supremo a amnistiar la malversación asociada al 'procés' y con mar de fondo entre los dos grandes partidos a cuenta de las decisiones del Tribunal Constitucional, el PP encuentra en la declaración de hoy el resorte para intentar erosionar al Gobierno con el ariete de la corrupción. Los populares, que    siguen reteniendo en la manga el as de citar a Sánchez en el Senado por esta causa y por la 'trama Koldo', tildan de «esperpento» que alguien tan próximo al presidente tenga que comparecer ante un juez y lo acusan de «arrastrar a toda la nación a una jornada indecente, tras ironizar con si acompañará «escondido» a su esposa. El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, exigió que Goméz sea tratada como cualquier otro justiciable e instó a la imputada a colaborar para esclarecer las acusaciones en su contra.