La Complutense consuma su 'divorcio' con Gómez y ahora se declara víctima de la mujer de Sánchez

La UCM ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, personarse como acusación particular, al entender que ha podido ser víctima de Gómez en la controversia sobre el ya famoso software encargado por la universidad y que -según las últimas ampliaciones de denuncias- la investigada podría estar explotando a través de la empresa que creó en noviembre de 2023, Transforma TSC SL. Desde el entorno de Gómez se viene defendiendo que en ningún momento ésta ha registrado la herramienta a su nombre ni la comercializa ni la canaliza a través de una empresa.

Sobre ese software, que al parecer es una de las nuevas líneas abiertas por Peinado para mantener parte del caso en su poder tras la cesión a la Fiscalía Europea, el pasado 7 de junio, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, en un tenso pleno del Consejo Social de la universidad, anunció que el centro se había dirigido al Ministerio de Industria y Turismo para pedir una relación completa de todas las «inscripciones y registros» abiertos en las Oficinas de Patentes y Marcas a nombre de la mujer del presidente o de su recién creada empresa Transforma TSC SL.

Aunque todavía se desconoce el resultado de esa consulta, sin embargo la universidad -después de que el juez haya citado a Goyache como testigo el 5 de julio, solo horas después del interrogatorio de Gómez como investigada- ha pedido ser acusación en este procedimiento. Y ello, porque entiende que los hechos ya recogidos en la causa «podrían abarcar presuntas actuaciones no conformes a Derecho a propósito del patrimonio» de la propia universidad. En particular, la UCM cita posibles perjuicios relacionados con la creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, que codirige Gómez y que fue la que encargó el software en disputa con la colaboración altruista de varias empresas.

La Complutense considera que hay «actuaciones» por parte de la investigada que «pudieran resultar lesivas para el patrimonio e intereses de esta Administración Pública», por lo que insiste en que tiene derecho a estar presente en estas diligencias previas «en calidad de perjudicada» y personarse así para «ejercer la acción de acusación particular».

Pero por ahora, la UCM no podrá ser parte de esta causa. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha rechazado la petición de la universidad porque asegura que en toda la documentación entregada por la institución académica «no se concreta el perjuicio que como perjudicado pueda haber sufrido».

El supuesto uso ilícito del software se ha convertido en uno de los vértices de la investigación de Peinado, que, sin embargo, a la vista de sus resoluciones de los últimos días no tira la toalla sobre los otros dos asuntos en los que debería haber cejado ya de indagar: el rescate de Air Europa en 2020 después de los encuentros de los responsables de la aerolínea con Gómez y en los que la Audiencia Provincial de Madrid afirmó que no ve delito; y las adjudicaciones públicas por valor de 10,6 millones de euros al empresario Carlos Barrabés después de sendas cartas de recomendación de la mujer de Sánchez, un asunto del que ya se ha hecho cargo la Fiscalía Europea.

Sobre el rescate a Air Europa acaba de pedir a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que recabe de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) toda la documentación sobre esas ayudas. Y sobre Barrabés ha encargado un informe pericial a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que analice «las posibles irregularidades (de las adjudicaciones) en las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución, tanto de manera directa como en UTE, a la sociedad Innova Next SLU», que es la que ganó los concursos bajo sospecha del ente público Red.es.

Estos últimos movimientos y el interés del instructor por seguir adelante con las diligencias sobre Barrabés y Air Europa han provocado una nueva reacción airada de la defensa de Gómez, que ahora acusa a Peinado de hacer una investigación prospectiva contra la mujer del presidente. Unas pesquisas que han derivado en «una inquisición general», ya que la investigación «desborda injustificadamente los límites materiales del objeto de la notitia criminis convirtiéndose en una indagación o causa general sobre la sobre la actividad de una persona para, posteriormente, en virtud de lo averiguado, imputar a la misma unos hechos concretos».

«Esta pretensión de llegar a conocer que es lo que el Juzgado entiende que se está investigando en el presente procedimiento no es una petición voluntarista de este letrado –escribe el abogado Antonio Camacho, exministro del Interior socialista- sino que se fundamenta en el derecho que todo sospechoso o investigado tiene a ser informado de los hechos presuntamente delictivos que se investigan y de los indicios y pruebas que existen acerca de su perpetración, como una de las manifestaciones esenciales del derecho a un proceso equitativo y del derecho de defensa, pilares del proceso penal».