Begoña Gómez, la hora de la verdad ante el juez Peinado

El interrogatorio llega en medio del cruce de reproches entre el magistrado, por un lado, y la defensa y la Fiscalía de Madrid, del otro, por los hechos por los que será preguntada Gómez. La disputa surge una vez que la Fiscalía Europea se ha quedado con la parte de la causa que la Audiencia Provincial de Madrid avaló hace un mes para seguir con la investigación, dada su competencia para indagar la afectación de intereses económicos de la Unión. Pese a todo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 ha decidido seguir adelante. Estas son las claves de la declaración y los hitos de estos 80 días de convulsa instrucción que han afectado a la estabilidad del Gobierno de coalición.

El auto del juez Peinado en el que anunció la declaración como investigada de Begoña Gómez justificó que buscaba evitar una «estigmatización infundada» y agilizar el proceso. La comparecencia del viernes se llevará a cabo en su juzgado. En la sala estarán presentes el instructor, los abogados de Manos Limpias, Hazte Oír, Vox y el Movimiento de Regeneración de España, que ejercen la acusación popular; el fiscal José Manuel San Baldomero, que no acusa y reclama el archivo de la causa, y la defensa representada por Antonio Camacho, exministro socialista de Interior. El interrogatorio será a puerta cerrada, aunque se grabará y facilitará a las partes interesadas. La duración de la declaración dependerá de diversos factores y Gómez no está obligada a contestar, pudiendo acogerse a su derecho a no declarar.

Después de que la Fiscalía Europea asumiera hace dos semanas la competencia para investigar la relación empresarial entre la esposa de Sánchez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contratista de la administración y financiador del máster de liderazgo social que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid –quien firmó de su puño y letra cartas de recomendación en favor de Barrabés para acceder a las adjudicaciones con fondos europeos de la entidad pública Red.es–, el juez justificó la declaración en que quedaban vivos otros «dos bloques» de hechos sospechosos.

Aunque Peinado no ha aclarado a qué «bloques» se refiere, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le obliga a detallar los hechos para no vulnerar el derecho de defensa, previsiblemente se estaría refiriendo al papel de Gómez en el rescate de Air Europa, con cuyos dueños mantuvo relaciones laborales, y aclarar el cometido de la sociedad que la encausada registró para desarrollar su máster universitario.

Para sostener sus diligencias, Peinado ha cargado contra la defensa y la Fiscalía por hacer una interpretación «subjetiva, interesada y no ajustada a la realidad» de la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló solo una parte de la instrucción. Así, tras confirmar el interrogatorio de Begoña Gómez, el juez justificó que el tribunal de instancia resolvió el recurso que había interpuesto la Fiscalía cuando la investigación «carecía de todos los documentos aportados por los testigos, así como el primer informe emitido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil». Es decir, se refiere a los indicios documentales aportados por los responsables de los medios que publicaron las informaciones sobre Gómez, El Confidencial y EsDiario, respectivamente, y que sirvieron a Manos Limpias para cumplimentar su denuncia inicial.

En segundo lugar, Peinado hace una interpretación particular del extenso informe de la UCO que entró en el juzgado en mayo pasado y que descartó la existencia de indicios delictivos en la denuncia que originó la apertura de las diligencias de investigación.

Las dos líneas de investigación    que mantiene abiertas Peinado quedaron respaldadas por las diligencias que ordenó en los últimos días. Por una parte, reclamó a la sociedad estatal SEPI toda la documentación sobre la operación para salvar de la quiebra en plena pandemia a Globalia, la matriz de Air Europa que dirige la familia Hidalgo, por 475 millones.

El juez ve una posible vinculación entre esta intervención y el impulso que dio Globalia a uno de los proyectos de Gómez: el programa del Instituto de Empresa África Center, unos 40.000 euros anuales entre 2018 y 2022 que fueron suspendidos por la crisis sanitaria. Pese a que la Audiencia Provincial calificó este nexo de «simple conjetura» y dijo que las informaciones publicadas contenían «datos erróneos», Peinado ha decidido seguir adelante.   

La segunda línea de averiguación se refiere a un programa informático de la Complutense usado por Gómez en su máster. Para aclarar este tema, ha citado el viernes también al rector Joaquín Goyache. Recientemente Vox presentó una querella contra la investigada por haber registrado para su sociedad Transforma TSC este software «con fines espurios».