Los grupos trasladan a la Comisión de Venecia la polarización de la amnistía

El PSOE, por su parte, minimizó el impacto que pueda tener el citado informe, que en principio estará listo para mediados de marzo, y recalcó que el objetivo de la ley, que sigue todavía en proceso de negociación, es apostar por la «convivencia» e «intentar desjudicializar la política y dar una vida política a los conflictos políticos». Los socialistas aseguran en cualquier caso estar «tranquilos» con lo que la Comisión de Venecia pueda decir e insisten en que el órgano, dependiente del Consejo de Europa, no entrará al fondo de la normativa. «No van a juzgar la idoneidad de la ley sino si los trámites se están cumpliendo», zanjan.

El PSOE, por su parte, minimizó el impacto que pueda tener este informe y recalcó que el objetivo de la ley, que sigue todavía en proceso de negociación, es apostar por la «convivencia» e «intentar desjudicializar la política y dar una vida política a los conflictos políticos». Los socialistas aseguran, en cualquier caso, estar «tranquilos» con lo que la Comisión de Venecia pueda decir e insisten en que el órgano, dependiente del Consejo de Europa, no entrará al fondo de la normativa. «No van a juzgar su idoneidad, sino si los trámites se están cumpliendo», zanjan.

La agenda de la delegación europea se inició con una reunión en el Ministerio de Justicia con Félix Bolaños, quien ofreció toda la colaboración que necesite para llevar a cabo su trabajo así como su disposición a «resolver cualquier cuestión que quieran plantear durante el proceso de debate y tramitación del texto». Para Moncloa, la visita del comité de expertos «es una gran oportunidad para explicar la importancia de la ley de amnistía para abrir una nueva etapa de entendimiento y su plena conformidad con la Constitución y el Derecho de la Unión Europea».

Tras la cita en el Ministerio, los siete juristas pusieron rumbo al Congreso donde fueron recibidos por su presidenta, Francina Armengol, antes del encuentro programado con la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia. Una cita que duró dos horas y en la que los comisionados pudieron escuchar las interpretaciones contrapuestas que los grupos parlamentarios hacen de esta norma. «Lo que está en juego no es la convivencia en Cataluña sino la vigencia del Derecho en España», afirmó Álvarez de Toledo. «Se trata de una transacción corrupta que condenaría no solo a España sino a Europa», insistió. Vox coincide con el PP en que no hay ninguna duda de que la ley «es contraria a los principios constitucionales y al Estado de derecho».

En esta primera toma de contacto, los comisionados fueron informados de los textos elaborados por los servicios jurídicos de la Cámara, aunque no pudieron hablar con el letrado mayor, Fernando Galindo, después de que la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tiene mayoría, lo rechazara. Se centraron en los aspectos más técnicos de la norma, relativos por ejemplo a las garantías respecto al registro o la presentación de enmiendas y si se habían cumplido los plazos previstos.

El comité de expertos quiso, además, según fuentes presentes en la reunión, recalcar su total «independencia» y dejar claro que su función no es valorar si la amnistía es idónea o no, sino «si los trámites se están cumpliendo». «Su interés era sobretodo procedimental y sobre técnicas jurídicas», corroboró la diputada de Esquerra, Pilar Vallugera, que lamentó que algunas formaciones aprovecharan la cita para dar «mítines».

Los juristas preguntaron también a los grupos presentes por qué la ley se ha presentado como una proposición de ley –que no requiere de los informes preceptivos del Consejo Fiscal o del CGPJ– y no como un proyecto de ley del Gobierno como se queja el PP. El tema del terrorismo estuvo también sobre la mesa. «Hemos informado de los detalles de la ley, del terrorismo bueno y malo del Gobierno, el que atenta contra los derechos humanos y el que te da los votos para ser presidente. Y también de la última propuesta del Gobierno para modificar la Lecrim y acortar los plazos de instrucción», reconoció Álvarez de Toledo.

Para el PSOE y sus aliados quedó «muy claro» que en todo momento se han respetado la separación de poderes y que la normativa, en palabras del portavoz socialista, Francisco Aranda, es «sólida, impecable y constitucional». «En todo caso –apostilló la diputada republicana Vallugera– la gran duda es si el Poder Judicial sabe claramente el papel qué ocupa».

Por la tarde ha sido el turno de las asociaciones judiciales y del presidente y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial encargados de elaborar el informe sobre la amnistía. Después pondrán rumbo al Senado para reunirse con su presidente Pedro Rollán y representantes de todos los grupos.

Este viernes los siete expertos europeos tienen sendos encuentros con el presidente del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, y con expertos constitucionalistas en el Centro de Estudios Constitucionales. Después abandonarán Madrid para elaborar el dictamen que está previsto para mediados de marzo, cuando la ley de amnistía haya sido remitida ya a la Cámara alta para finalizar su tramitación.

El PSOE, por su parte, minimizó el impacto que pueda tener este informe y recalcó que el objetivo de la ley, que sigue todavía en proceso de negociación, es apostar por la «convivencia» e «intentar desjudicializar la política y dar una vida política a los conflictos políticos». Los socialistas aseguran, en cualquier caso, estar «tranquilos» con lo que la Comisión de Venecia pueda decir e insisten en que el órgano, dependiente del Consejo de Europa, no entrará al fondo de la normativa. «No van a juzgar su idoneidad, sino si los trámites se están cumpliendo», zanjan.

La agenda de la delegación europea se inició con una reunión en el Ministerio de Justicia con Félix Bolaños, quien ofreció toda la colaboración que necesite para llevar a cabo su trabajo así como su disposición a «resolver cualquier cuestión que quieran plantear durante el proceso de debate y tramitación del texto». Para Moncloa, la visita del comité de expertos «es una gran oportunidad para explicar la importancia de la ley de amnistía para abrir una nueva etapa de entendimiento y su plena conformidad con la Constitución y el Derecho de la Unión Europea».

Tras la cita en el Ministerio, los siete juristas pusieron rumbo al Congreso donde fueron recibidos por su presidenta, Francina Armengol, antes del encuentro programado con la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia. Una cita que duró dos horas y en la que los comisionados pudieron escuchar las interpretaciones contrapuestas que los grupos parlamentarios hacen de esta norma. «Lo que está en juego no es la convivencia en Cataluña sino la vigencia del Derecho en España», afirmó Álvarez de Toledo. «Se trata de una transacción corrupta que condenaría no solo a España sino a Europa», insistió. Vox coincide con el PP en que no hay ninguna duda de que la ley «es contraria a los principios constitucionales y al Estado de derecho».