El PSOE enfría las negociaciones sobre la amnistía con Junts hasta después de las gallegas

«Los canales de comunicación están abiertos, pero las conversaciones no llevan ahora el ritmo de hace semanas», apuntan en la dirección del partido. El plazo fijado por la Mesa del Congreso para que los grupos vuelvan a aprobar un nuevo informe en la comisión da margen para no precipitarse en un momento en el que, además, ambas partes tienen condicionantes externos: las elecciones gallegas del día 18, en las que Sánchez atisba una mínima posibilidad de asestar (en realidad, por vía interpuesta) un golpe de gracia a Alberto Núñez Feijóo, y las que ha convocado Puigdemont para el Consell de la República, su pretendida Generalitat paralela, el día 15.

Sobre el papel, la fecha tope para volver a elevar al pleno el dictamen de la amnistía es el miércoles 21, pero los socialistas ni siquiera descartan acabar pidiendo una prórroga de otras dos semanas, lo que implica que tienen todo un mes por delante, hasta el 6 de marzo, para primero intentar que la presión de los socios y el resto de posibles afectados por la norma haga mella en el ánimo de Puigdemont y sus fieles y, después, articular alguna fórmula que les permita apoyar la ley sin cambios.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se resistió ayer a descartar por completo la reforma de la LeCrim para acortar los plazos de instrucción como banderín de enganche para los posconvergentes; se mostró convencida de que, llegado el caso, también Sumar la apoyará, pese a la advertencia de Yolanda Día de que «no va en la buena dirección»; y defendió que ahora es momento de «dejar trabajar a los grupos». Pero también hizo evidente que ni siquiera el Ejecutivo tiene aún claro qué tipo de reforma está dispuesto a plantear. «Las noticias van más rápido que la producción del Gobierno», dijo.

En la dirección del PSOE niegan que la modificación planteada el lunes por Pedro Sánchez vaya a dejarse morir. Lo que sí admiten es que no será «la clave de bóveda» sobre la que se construya el eventual acuerdo con Junts. El ministro de Transportes, Óscar Puente, incluso reconoció que «quizá no sea lo más conveniente desde un punto de vista jurídico» vincular una y otra cosa.

Los posconvergentes confirman que aún no están en el «momento» de la negociación, pero no se apean de sus enmiendas a la amnistía. «Querríamos no tenernos que poner a abrir nuevos frentes», dijo ayer su portavoz en la comisión de Justicia, Josep María Cervera. Montero, sin embargo, advirtió: si finalmente el PSOE acepta alguna modificación será «técnica , no sustancial y no esencial».