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El Gobierno mantiene la confianza en que la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la amnistía para los delitos de malversación cometidos durante el 'procés, que afectan entre otros a Carles Puigemont, no afectará a las negociaciones para la investidura de Salvador Illa ... como president de la Generalitat. La consigna que impera en la Moncloa es la de desvincular una cuestión de la otra mientras fuentes del Ejecutivo defienden ante Esquerra y Junts que ya han «cumplido su parte» con lo pactado para aprobar la medida de gracia que posibilito la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. «Tanto el PSOE como el Gobierno han sido claros», reiteran.
Lo cierto es que la fecha límite para evitar una repetición electoral en Cataluña está fijada el 26 de agosto. Una línea roja que ya empieza a jugar en contra de las conversaciones que mantienen PSC y Esquerra. Ambas partes son conscientes de la relevancia que ha tenido la decisión del Supremo en el ecosistema catalán que, entre otras cuestiones, mantiene la orden de detención contra Puigdemont: si este pisa territorio español, como ha manifestado en varias ocasiones, podría acabar en prisión. También pesa la escasa probabilidad de que el Constitucional se pronuncie acerca de la medida de gracia antes de dicho plazo, lo que convierte la negociación de la investidura de Illa en una cuestión de fe para los independentistas.
En ese sentido, la ministra portavoz, Pilar Alegría, acompañó la coletilla de que el Gobierno tiene «máximo respeto a las decisiones judiciales» de una crítica directa a la judicatura. «La ley de amnistía fue aprobada por la mayoría del Congreso y su texto es claro. Y la voluntad del legislador es igual de clara que la redacción de la ley. Lo que tiene que suceder ahora es que los jueces aplíquenla ley», zanjó.
En la mesa de negociación se mantienen cuestiones como el reconocimiento de una financiación «singular» para Cataluña. Un asunto espinoso que ha puesto en guardia a las diferente comunidades autónomas, incluida las gobernadas por barones socialistas, como Castilla-La Mancha, y ha reavivado el debate sobre el modelo territorial. En la otra parte de la balanza, las posibles consecuencias que una repetición electoral catalana tendría tanto para el Gobierno, por el impacto que esto podría tener para una legislatura que no termina de carburar, y para la propia Esquerra, sumida en una crisis interna tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas.
Alegría, impertérrita, mantiene que «toda la confianza» del Gobierno está puesta «en que ese proceso que está abierto en el Parlamento de Cataluña termine con un gobierno liderado por Illa. La «voluntad», insistió, expresada por los catalanes en las últimas citas con las urnas.
La ministra socialista pidió a sus interlocutores secesionistas «respetar» los plazos y recordó, una vez más, que en Euskadi se consiguió formar un gobierno tras dos meses de negociaciones. Por ello espera que el resultado en Cataluña también sea «positivo» y receta «confianza y prudencia». Aunque el tiempo apremia.
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