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Carles Puigdemont mantiene su compromiso de regresar para el debate de investidura. Lo afirmó ayer el secretario general de Junts y lo ha ratificado este martes el abogado del dirigente nacionalista, Gonzalo Boye. «Su compromiso es volver para la investidura y lo va a ... hacer», ha asegurado Boye en Rac-1, el día después de que el Supremo declarara no amnistiado el delito de malversación y y mantuviera vigentes las órdenes de detención contra el expresidente de la Generalitat. Si decide retornar en las próximas semanas para acudir al pleno de investidura, tanto si es el candidato como si el aspirante es Salvador Illa, es más que probable que sea detenido y encarcelado. «Está preparado para todo», según su abogado, que ha avanzado que este mismo martes ha recibido una notificación de un auto de detención. Puigdemont está dispuesto a ser detenido, según su letrado, porque «conoce su papel histórico como líder del independentismo». Boye ha retado al juez del Supremo, Pablo Llarena, que curse una nueva euroorden de detención. «Será un festival», ha vaticinado. En cualquier caso, a día de hoy, comprometerse con su regreso al pleno de investidura es un brindis al sol, toda vez que no es seguro que esta sesión vaya a tener lugar, pues ni Illa ni Puigdemont tienen en estos momentos los apoyos cerrados para salir elegidos.
Tras la decisión del Alto Tribunal, la defensa del expresidente presentará un recurso de reforma. Da por hecho que no prosperará y el siguiente paso será un recurso de apelación, ante una sala distinta a la que falló ayer. Si no sale adelante, acudirá al Constitucional con un recurso de amparo y en último caso a la justicia europea. A su juicio, el Supremo ha situado a España fuera de la UE, al mismo nivel, según ha dicho, que Corea del Norte. «La decisión del Supremo atenta a los valores de la UE, vamos camino de un proceso sancionador», ha señalado. «España está extramuros de la UE», ha rematado. Los recursos de Puigdemont tomarán como base las resoluciones del TSJC, que sí ha amnistiado hasta la fecha el delito de malversación, el voto particular la magistrada del Supremo.
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