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No todo está hecho, pero la andanada arancelaria de Donald Trump ha logrado algo casi insólito en el escenario político nacional, que los dos ... grandes partidos superen momentáneamente sus cuitas y se muestren dispuestos a hacer causa común. Lo inusual del momento se refleja en gestos como el que, según desveló Alberto Núñez Feijó este lunes, tuvo el Ejecutivo al remitir en la madrugada del domingo al PP –también al resto de fuerzas parlamentarias– el real decreto que este martes mismo aprobará el Consejo de Ministros con una línea de avales ICO de 5.000 millones de euros, 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación y un fondo de 500 millones para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas. Todo ello anunciado ya el pasado jueves por Pedro Sánchez.
El punto de partida parece halagüeño y el Gobierno da por hecho que este primer paquete tendrá el aval de los populares. Sin embargo, se aprecian posibles nubarrones en el camino. El líder de la oposición reconoció –ante una treintena de asociaciones y patronales afectadas por los aranceles estadounidenses las que reunió en la sede de su formación– que la «respuesta inmediata» del Gobierno tiene «elementos acertados» pero también remarcó que hay en ella un «margen de mejora». Por un lado, elogió que en el Ejecutivo parecen «conscientes de la magnitud de la amenaza» pero por otro criticó que su perspectiva es cortoplacista. «No nos enfrentamos a algo transitorio», advirtió antes de exponer un decálogo de medidas.
Esta es solo una de las primeras discrepancias en el diálogo abierto la semana pasada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo. En el Gobierno son partidarios de ir midiendo poco a poco la respuesta a una situación que, señalan, puede ser cambiante dada la imprevisibilidad de Trump y no precipitarse. Este lunes mismo, dicen a modo de ejemplo, llegaron a circular informaciones que apuntaban a que el presidente estadounidense estaba evaluando suspender los aranceles por 90 días para la mayoría de países menos China.
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Fuentes gubernamentales también descartan de antemano incentivos fiscales de los que la derecha, reprochan, tiende a tirar siempre como primera y casi única solución. Y aunque insisten en que el diálogo está abierto, añaden que la intención no es «incluir» en su plan de respuesta las propuestas que les haga llegar el PP sino más bien «estudiarlas». Como las del resto de grupos –a excepción de Vox–, en los que Sánchez se apoya para mantener la legislatura y con los que también aspira a contar ahora.
Está por ver que ese difícil equilibrio funcione. En su comparecencia, Feijóo aseguró que si el Gobierno está dispuesto a tratar esta cuestión como «una cuestión de Estado» el PP estará ahí «como partido de Estado», pero «sin sumisiones a minorías» y sin actuar, añadió, «como sucursales de países extranjeros», una pulla hacia Santiago Abascal.
«Vamos a contribuir a superar esta situación, diciendo la verdad, fomentando la unidad y proponiendo propuestas -añadió el líder popular– No hay cheques en blanco. Espero que el Gobierno escuche».
En lo que se refiere al real decreto ley de hoy, el Ejecutivo no se cerraba anoche a retoques o ajustes mínimos, en función de los contactos entre Cuerpo y Bravo. Pero más allá de eso, el PP plantea otras diez medidas. Cuatro de ellas dirigidas a la Comisión Europea, a la que pide no romper el «vínculo transatlántico» y trabajar en el objetivo de la «desescalada» arancelaria; la articulación de «un marco temporal» para impulsar ayudas directas en el ámbito de la UE; acelerar la desburocratización administrativa; y abrir la economía comunitaria a «nuevas direcciones», con la mirada puesta en la India, Corea del Sur, Singapur y Mercosur, sin mencionar a China, adonde Sánchez viaja esta semana.
Las seis restantes están dirigidas al Gobierno para tratar de mejorar el real decreto. A la petición ya conocida de sentar en una misma mesa al Gobierno, los sectores afectados y las comunidades para diseñar conjuntamente una hoja de ruta, Feijóo suma la creación de un fondo específico español «financiado por los aranceles que se queden en España», que en el PP calculan en torno al 25%, la bajada de cotizaciones e incentivos fiscales «a las empresas más expuestas y más vulnerables».
Reclama también que el texto «explicite» las condiciones de los préstamos que se articulan para los afectados, así como un mecanismo de asignación de las ayudas flexible en función de las necesidades de cada sector o que el plan MOVES se aplique también «a quienes no pueden permitirse coche eléctrico».
El líder del PP exigió además un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, un plan de competitividad industrial (centrado en ampliar la vida útil de las centrales nucleares y eliminar el impuesto a la electricidad) y una reforma fiscal. «Espero que el Gobierno escuche –insistió–. Hay un trabajo ingente, vamos a trabajar juntos».
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