Así se gestó en Canarias uno de los contratos bajo sospecha del 'caso Koldo'

Ese hecho fue cuestionado en 2022 por la Audiencia de Cuentas en una propuesta de informe que fue rechazada por el pleno del órgano fiscalizador. Los partidos que conformaban el Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera) presionaron para ello. Cuentas se mostró crítica con que Sanidad hubiese elegido a una empresa que no había acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica, como establece la ley de contratos del sector público. Lo mismo pasó con otras compañías, señalando al respecto que los contratos podrían estar incursos «en causa de nulidad» de pleno derecho.

En abril de 2020, en pleno estallido de la pandemia, el Servicio Canario de la Salud adjudicó a la compañía con sede en Zaragoza Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL un contrato para un total de 2,75 millones de mascarillas NK95 / FPP2, a un precio de 2,50 euros la unidad: 6,7 millones de euros a pagar en total. Tras llegar el material, unas 837.000 las mascarillas resultaron no ser FFP2, valorándose esa partida en 2.094.500 euros por el propio SCS.

¿Resolvió Sanidad el contrato? No. El 4 de noviembre de 2020 el entonces director del SCS, Conrado Domínguez -accedió al cargo en septiembre-, acordó dar una segunda oportunidad al proveedor. Lo que hizo fue ordenar pagar esas 837.700 mascarillas como quirúrgicas a un precio de 0,845 euros la unidad, por un importe total de 707.518,50 euros.

Para compensar lo ocurrido, la empresa se comprometió a completar el pedido hasta alcanzar el importe de 2.094.500 euros con 550.000 mascarillas FFP2 NR modelo SBL902, del fabricante chino Anhui Suboloun Garment. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas hizo la entrega en febrero de 2021 -cinco meses después de ese acuerdo de una segunda oportunidad-, pagando entonces el precio acordado el año anterior (2,5 euros la unidad), si bien el precio de mercado había bajado ya de forma considerable.

El contrato del Servicio Canario de Salud por dos consejeros y tres directores del ente. Se firmó en abril de 2020, en pleno estallido de la pandemia, con Julio Pérez como consejero de Sanidad tras la abrupta salida de Teresa Cruz. De manera interina, el director del Servicio Canario de Salud era Antonio Olivera, hoy jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres.

¿Cómo llegó el nombre de la empresa de Zaragoza, vinculada al asesor de José Luis Ábalos, hasta el Gobierno de Canarias? Ese es el primer misterio, sobre todo porque no era una empresa del ámbito sanitario. Lo mismo ocurrió con RR7, empresa de compraventa de coches que recibió cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca llegaron.

El expediente de Gestión y Apoyo a Empresas también pasó por la mesa de Alberto Pazos, que ocupó la dirección del SCS en lugar de Olivera, ya con Blas Trujillo como consejero. Fuentes próximas consultadas por Canarias 7 aseguran que Pazos puso reparos a dar una segunda oportunidad a la compañía. Pero la salida de Pazos del SCS nunca fue explicada por el Gobierno. Quién sí trató con la empresa fue el sucesor de Pazos, Conrado Domínguez. También participó en el contrato Ana María Pérez, ambos imputados por el 'caso de RR7'.