El exasesor de Ábalos queda libre por la trama de comisiones en la venta de mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción no pidió prisión preventiva para ninguno de ellos y reclamó, eso sí, medidas cautelares menos gravosas tanto para el exasesor de Ábalos como para el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe. En concreto, comparecencias periódicas en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional. El juez aceptó estas solicitudes. El otro detenido que durmió en el calabozo de la Guardia Civil y pasó por el juzgado fue Joseba García, hermano de Koldo, a quien no le impusieron ninguna restricción personal.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) tomaron declaración a otros diez detenidos entre el martes y el miércoles y los dejaron en libertad a la espera de ser citados por el juzgado. Entre ellos están la mujer de Koldo García, Patricia Úriz, excargo del PSOE navarro a quien el partido ha suspendido de militancia, un funcionario de la Guardia Civil o el empresario Rogelio Pujalte, propietario de un depósito judicial en Librilla (Murcia) y con inversiones en Alicante, a quien le intervinieron diversas facturas y alrededor de 100.000 euros en metálico. Su arresto guardaría relación con las negociaciones vinculadas a la posible construcción de una incineradora de drogas en la región murciana.

La causa está bajo secreto a la espera de nuevas detenciones, pero los datos conocidas hasta ahora indican que tanto Koldo García como Víctor de Aldama serían los presuntos cabecillas de una trama de cobro de abultadas comisiones por la compra de material sanitario en el peor momento de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, realizada por los ministerios de Interior y Transportes -la otra denominación de Fomento en la etapa de Ábalos- y de las comunidades de Canarias y Baleares, entonces bajo presidencia socialista.

Los contratos adjudicados por estas administraciones suman unos 53 millones, de los que se sospecha que la trama se pudo embolsar unos 15 millones. El juez Moreno abrió esta causa tras la querella registrada en otoño pasado por la Fiscalía Anticorrupción, que partió de una denuncia previa del PP de Madrid. Los delitos que se investigan son cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal.

En la operación de la UCO de la Guardia Civil se llevaron a cabo al menos 26 registros en Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Vizcaya, Zaragoza y Cáceres. Los investigadores sitúan detrás de la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, piedra angular de la 'operación Delorme', al presidente del Zamora Víctor de Aldama.

Esta empresa radicada en Zaragoza, sin experiencia previa en el sector sanitario, se habría enriquecido con la adjudicación de contratos de urgencia y sin publicidad para la adquisición de material anti-covid por parte de varias administraciones: el Ministerio de Transportes destinó 12,5 millones a la compra de cinco millones de mascarillas, Interior otros 3,4 millones, el Servicio Canario de Salud (SCS) al menos uno por 6,7 millones (se firmaron otros tres contratos) y el mismo ente en Baleares, dos contratos más.

Cabe recordar que este miércoles agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con el contrato de su departamento. La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios. Fuentes de Interior reaccionaron el miércoles a la información señalando que «no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto».