Los fiscales del procés se rebelan e informan a Ortiz que la malversación de Puigdemont no es amnistiable

En consecuencia, los representantes del Ministerio Público del Supremo no tienen intención de pedir al alto tribunal que levante las medidas cautelares dictadas por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La más relevante es la de captura e ingreso en prisión que el juez instructor de la causa en el alto tribunal, Pablo Llarena, mantiene viva contra el expresident de la Generalitat huido hace casi siete años a Waterloo.

Los fiscales de Sala del Supremo Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, que se reunieron durante hora y media con Álvaro García Ortiz, entregaron a su jefe un vasto informe en el que sostienen que no hay forma de borrar el delito de malversación –el que persigue a Puigdemont e inhabilita a Junqueras tras la derogación de la sedición– ni siquiera con la ley de amnistía aprobada por el Congreso. Y ello porque el artículo 4 de la directiva europea 2017/1371 de 5 de julio de 2017 impide el olvido penal de los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE.

Sabedores de esta traba, los promotores de la amnistía española excluye de forma clara la aplicación de la norma en aquellos hechos que puedan afectar a fondos comunitarios. Pero, en paralelo, lo que sí hace la norma es exonerar, entre otros, los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación en el marco del proceso independentista catalán y cuando no haya enriquecimiento personal. Los fiscales del 'procés' no ven viable este planteamiento porque, a su juicio, sí existió ese enriquecimiento y un ánimo de lucro.

Tanto de forma oral como en su informe, Cardenal, Moreno, Madrigal y Zaragoza sí que defienden    que la amnistía borra a todos los efectos los delitos de desobediencia y desórdenes públicos, que son los tipos penales de los que se acusa Puigdemont y a otros cabecillas independentistas procesados en Madrid y en los tribunales catalanes, después de que el delito de sedición desapareciera del Código Penal por la reforma del Gobierno.

García Ortiz había convocado este jueves a los cuatro fiscales para unificar criterios y anticipar la postura del Ministerio Público sobre la ejecución de la amnistía en lo que se refiere a la causa en el Supremo, que afecta, entre otros, a Puigdemont y Junqueras. El dirigente de ERC aspira a que la ley le levante la inhabilitación para cargo público, que sigue purgando porque Sánchez le indultó de la sedición pero no de la malversación.

La rebelión de los fiscales del Supremo ante la intención de la Fiscalía General de allanar la vuelta de Puigdemont tras la aprobación de la amnistía tiene todas las papeletas de acabar en un nuevo enfrentamiento entre García Ortiz y la carrera fiscal. El máximo responsable del Ministerio Público, al dirigir un órgano jerárquico, tendrá la última palabra sobre la posición de la Fiscalía del Supremo, pero imponer su parecer a los reputados fiscales del 'procés' agudizaría su desgaste.

Si, por el contrario, la Fiscalía General decidiera no rectificar el criterio de Cadena, Moreno, Madrigal y Zaragoza, el Ministerio Público respondería de forma negativa al trámite de consulta que les realizará la Sala de lo Penal (sobre los condenados); el juez Pablo Llarena, instructor del 'procés' (sobre los huidos Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig); y la magistrada del Supremo Susana Polo, esta en relación con la imputación por terrorismo contra el líder de Junts por las movilizaciones violentas de Tsunami Democràtic.

Si los tribunales y magistrados concernidos siguieran el criterio de los fiscales del Supremo, ni Junqueras ni Jordi Turull ni Dolors Bassa ni Raül Romeva verían levantadas las inhabilitaciones que aún cumplen por sus condenas por malversación.