Los fiscales conservadores desafían a García Ortiz y elaboran un informe contra la amnistía

En un comunicado, los vocales aseguran que el argumento al que alude García Ortiz en sus respuestas al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, los días 25 de enero y 8 de abril -que el Consejo Fiscal carece de competencias en este caso y que aún no se trata de una ley en vigor por cuya aplicación deberá velar la Fiscalía-«no resulta comprensible» dada la relevancia que esta norma puede tener para la carrera.

Reprochan al fiscal general que no atendiera a la petición de la Cámara alta -con mayoría absoluta del PP- y que no avisara de ello al Consejo Fiscal «durante semanas», precisan. También denuncian que tuvieron conocimiento por la prensa tanto de la primera petición el 7 de diciembre como de una segunda cursada por el presidente del Senado el 23 de enero.

Según los firmantes, al enterarse pidieron que se diera curso al requerimiento, que se designara un ponente y se elaborara y aprobara un informe relativo a la controvertida proposición de ley. «No habiendo recibido respuesta» de García Ortiz, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, remitió al resto de miembros del Consejo Fiscal un borrador de informe de 160 páginas, que no tiene ningún efecto práctico. En el texto, al que ha tenido acceso este diario, los fiscales conservadores apelan al «deber general de colaboración con las Cortes Generales» y apuntan que tiene que ser así «a requerimiento de estas y siempre que no haya obstáculo legal».

Este nuevo desencuentro entre García Ortiz y los fiscales conservadores no hace sino engordar su lista de desavenencias. Los miembros de la AF llevan meses cuestionando la actitud del fiscal general por, entre otras cosas, su inhibición sobre la amnistía y el pacto de investidura entre el PSOE y Junts que menciona el 'lawfare' -la supuesta persecución judicial contra el secesionismo-. Llegaron, de hecho, a pedir su dimisión en noviembre, apenas dos meses antes de ser renovado, por su «pasividad» ante la ley que exonerará el 'procés'.

En su informe, los seis vocales aducen que la norma es inconstitucional al entender que «supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho» y sostienen de manera contundente que el perdón «vulnera el principio de igualdad y el de seguridad jurídica».

Consideran que esta ley supone una «intromisión» y un «instrumento de injerencia» en la esfera «propia y exclusiva» del Poder Judicial, subrayan que su impulso es el resultado de un acuerdo destinado a obtener «el apoyo favorable a la investidura» y objetan que la medida de gracia no cuenta con un respaldo específico en la Constitución.

En su lista de severos reparos, los fiscales críticos arguyen que la norma no cumple con algunos de los estándares europeos sobre Estado de Derecho y que su tramitación urgente «ha imposibilitado un estudio sosegado sobre el impacto de la norma para la consecución de los fines que se dicen pretender». Por último, rematan que «la intención del texto no es únicamente la extinción de la responsabilidad penal concreta respecto de ciertos delitos cometidos en un contexto, sino evitar la persecución penal de determinados sujetos» como Puigdemont, al que citan expresamente.