El fiscal general rechaza elaborar el informe sobre la amnistía que le pide el Senado

Según el máximo responsable del Ministerio Público, el Consejo Fiscal no tiene competencias para elaborar el informe que el Senado le había requerido. En su primera entrevista tras tomar posesión este miércoles, García Ortiz aseguró en TVE que su función no es hacer de «comentarista político», sino «promover la acción de la Justicia ante los tribunales».

En el Consejo Fiscal, el órgano que representa a la carrera, existe en un creciente malestar después de García Ortiz guardara en un cajón la petición que el pasado 7 de diciembre le remitió de la Mesa de la Cámara Alta para que el Consejo Fiscal informe sobre la proposición de Ley de Amnistía. El fiscal general ocultó a los miembros del consejo este requerimiento, hasta el punto de que ni tan siquiera dio traslado al órgano de la petición del Senado.

También hubo enfado entre los órganos de gobierno de la cámara alta que se enteraron por la entrevista que su petición había caído en saco roto. García Ortiz, luego, trató de enmendar esa falta de cortesía con la cámara y remitió una extensa carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, explicándole que el Consejo Fiscal, en su opinión, carece de competencias para emitir informes sobre proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento.

En esa línea, el fiscal general recordó a Rollán que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público, pero que “no está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento”.

Pese a que ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Reglamento del Senado regulan el trámite cursado por la Mesa del Senado, García Ortiz aludió en su carta a la “leal colaboración institucional” que permitiría que fuera la institución del Ministerio Fiscal la que informara sobre una proposición de ley durante su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, en su opinión, esa cooperación no es posible en este caso concreto porque un informe sobre la proposición de ley orgánica de amnistía emitido por el Fiscal General del Estado supondría “alterar el normal funcionamiento de la institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma

El máximo responsable del acusación pública remarcó que su intención es la de no extralimitar sus funciones legales, aun con la mejor voluntad de “colaboración interinstitucional”, pues por “encima de ella está el efectivo cumplimiento de las circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado, doctrina vinculante para todos los integrantes de nuestra institución”.