El fiscal general pide restringir la figura de la acusación popular en pleno 'caso Gómez'

Ante el Rey, que presidía la convocatoria, y en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el fiscal general del Estado aprovechó su alocución para lanzar una encendida advertencia contra el recurso a una figura amparada por la legalidad –la acusación popular– que lleva años en el disparadero por lo que García Ortiz interpretó como una utilización abusiva. Hasta el punto de que urgió a restringirla, en plena controversia por la instrucción abierta contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a raíz precisamente de una denuncia de Manos Limpias, el mismo pseudosindicato que está detrás de la investigación incoada también por supuesta corrupción al hermano del presidente, David Sánchez.

«La utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal», justificó García Ortiz.

García Ortiz denunció en su alocución que «un sistema que permite el acceso directo a 50 millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible, ni eficiente, ni parangonable en el entorno europeo». Y a modo de conclusión afirmó que acusaciones como las de Manos Limpias contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno solo conducen a «colapsar» los tribunales, pese a que ambas investigaciones cuentan con sendos avales judiciales de los magistrados que instruyen los procesos.

El fiscal general reivindicó también la imparcialidad del Ministerio Público, pese a las críticas desde la oposición que han llegado a definirlo como un títere al servicio de Moncloa. En la misma línea de defensa de la independencia judicial y del protagonismo de su departamento, reclamó ante Felipe VI que los fiscales asuman las tareas de investigación que ahora recaen en los jueces de instrucción, lo que obliga a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

García Ortiz preludió además su balance del año fiscal con una carga de profundidad contra las 'fake news' en el ámbito judicial, en sintonía con las intenciones del Gobierno de poner coto a la desinformación. «En ocasiones, y respecto de un mismo hecho considerado noticiable –reprobó– se informa desde perspectivas no solo distintas sino total e interesadamente contradictorias, sin que el contraste de la veracidad de los datos parezca ser un extremo relevante ni para el que la transmite, ni para los que la reciben».

García Ortiz sigue pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso contra su renovación como fiscal general y sobre su imputación por la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Fue el pasado 15 de julio cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevó al Supremo la causa en relación a la querella de González Amador para que decida si imputa a García Ortiz por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios.

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La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado. A ello se suma el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz como fiscal general después de que el anterior CGPJ le declarará no idóneo para el cargo, algo inédito en democracia.