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La Fiscalía aumentó su carga de trabajo el pasado año de manera considerable. Los cerca de 2.800 representantes del Ministerio Público (66%de ellos mujeres) incoaron 1.663.862 procedimientos de diligencias previas, lo que supuso un crecimiento del 11,1 % respecto a 2022, ... cuando se quedaron en 1.497.808 asuntos. La mitad de la tipología delictiva la coparon los ilícitos contra la vida y contra la integridad, un 31% del total -un punto menos con respecto al curso anterior- y contra el patrimonio, que se mantienen en el 20 %. No obstante, el 23 % de las investigaciones abiertas no tienen asociado ningún delito en su registro. Una circunstancia que también se ha presentado en ejercicios previos con cifras similares, según expone la memoria anual del Ministerio Público conocida este jueves.
El documento cifra las diligencias urgentes, es decir, los procedimiento previsto para dar una respuesta rápida y eficaz a determinados delitos menos graves (los de seguridad vial, por ejemplo) y de instrucción sencilla, en 239.647 asuntos en 2023 frente a los 229.066 del año anterior, un aumento del 4,6%. Un porcentaje más moderado respecto al incremento de 2022, que fue del 13,2 %.
De estos procedimientos rápidos, se han calificado dos de cada tres casos y se llegó a la conformidad en los juzgados de instrucción en un 75 % de los procedimientos, unas cifras similares a la de los últimos años. En lo que respecta a los juicios leves, que es el cauce procedimental por el que se ventila la responsabilidad de las infracciones de menor gravedad y que sustituyeron a las faltas tras la reforma del Código Penal de 2015, se han celebrado 369.793 vistas: 33.0000 más que en 2022.
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En relación con los procedimientos abreviados incoados y calificados para juicio, se tramitaron 174.822, un 2,5% más. Por el contrario, el número de procedimientos ordinarios o sumarios (para delitos graves de más de cinco años de prisión) fueron 3.728, lo que constituye un incremento del 6,9 %.
Los procedimientos incoados ante el tribunal del jurado fueron 653, de los cuales 417 procedían de diligencias previas. Los datos registrados son muy similares a los de la anualidad anterior. También lo fueron las denuncias presentadas por diferentes órganos de la administración a la Fiscalía sobre hechos que podrían revestir naturaleza de infracción penal, alcanzando el 51,7 % de las diligencias incoadas.
El dato de las sentencias dictadas es un indicativo fundamental del trabajo jurisdiccional en el que participa «de forma directa y preceptiva» la Fiscalía, según expone la memoria conocida este jueves. En el año 2023, pese al dato negativo de las suspensiones, se da por normalizado el funcionamiento de los órganos judiciales tras los efectos de la crisis sanitaria de 2020.
Las cifras atendiendo al órgano de enjuiciamiento son: en juicios por delitos leves en que intervino el Ministerio Fiscal los datos son muy similares a los del año pasado, 153.223 sentencias; en los juzgados de instrucción en el procedimiento de diligencias urgentes se han dictado 116.769 sentencias; los juzgados de lo penal han resuelto 131.707, un 14% menos, y en las audiencias provinciales se han dictado 10.147, una cifra ligeramente inferior a las de 2022.
Respecto a las absoluciones, alcanzó el 37% en causas con delitos leves, el 20% en juicios rápidos y el 16% de las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en procedimientos abreviados, sumarios y jurados.
Los delitos con mayor presencia en las sentencias condenatorias, al igual que en años anteriores, han sido los tipos contra la seguridad vial y contra el patrimonio, con porcentajes del 35 % y 19 % respectivamente. Los delitos de violencia familiar y de género han supuesto el 10 %, dos puntos más; los delitos contra la vida e integridad física el 9 %, idéntico porcentaje que en 2022 y 2021, y los delitos contra la administración de justicia el 8 %, un punto más que en las dos anualidades anteriores.
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