El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, han coincidido este lunes en el acto de entrega de despachos a los 100 nuevos fiscales de la 61 promoción. El ... encuentro se ha producido en plena tramitación de la ley de amnistía en el Congreso y después de una semana marcada por el malestar reinante en el Tribunal Supremo por la creación de las comisiones de investigación parlamentarias por el 'lawfare' o guerra judicial en Cataluña, que cristalizó en el plantón de Francisco Marín Castán a Bolaños en una reunión prevista el pasado miércoles.
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Con este contexto, García Ortiz ha intervenido en el acto celebrado en la Universidad Complutense de Madrid con un discurso en el que ha ensalzado como un elemento «clave» en el Estado de derecho la «primacía de la ley como expresión de la voluntad popular». Y ha afirmado que los principios constitucionales que «nos avalan» son el «estricto cumplimiento de la legalidad, la imparcialidad, la unidad de actuación y la dependencia jerárquica».
El fiscal general, que ha pedido a sus colegas en Cataluña enumerar todas las causas vinculadas al 'procés' que pudieran verse afectadas por el borrón de la amnistía, ha defendido que el respeto a la norma y a las instituciones «son el camino que nos da seguridad» y ha recordado que «fuera de la ley, fuera de las instituciones no hay nada». Por este motivo, ha añadido, «es tan importante» la lealtad institucional en un momento convulso en las altas esferas del Poder Judicial.
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Y es que García Ortiz fue vapuleado hace solo un mes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo al anular el nombramiento de su antecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala, la máxima categoría del Ministerio Público. De ahí que el discurso conciliador de este lunes trate de pasar página de esta sentencia, del revés personal que supuso la resolución que le acusó de «desviación de poder» con esta designación.
El máximo representante del Ministerio Público también ha mencionado en varias ocasiones la defensa de su departamento como «motor de cambio» para una sociedad más justa e igualitaria. Una referencia, el principio de igualdad, que precisamente ha estado en boca del mundo judicial porque la ley de amnistía -reprochan- vulnera este derecho.
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Por su parte, el ministro Félix Bolaños ha reiterado por tercer vez que frente a los ataques a jueces y fiscales, «vengan de donde vengan», el Gobierno «va a defender siempre la independencia e integridad de todos los protagonistas de la administración de justicia, con lealtad constitucional». El titular de Presidencia y Justicia no se sale de este discurso desde las polémicas palabras en el Congreso y en el Senado de los portavoces de Junts señalando a varios magistrados del Supremo por su implicación en el 'lawfare' contra el independentismo.
«Lo he repetido en numerosas ocasiones en los últimos días y no me importa hacerlo una vez más, las que haga falta. Este Gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad, porque es defender también el Estado de Derecho y el buen nombre de la Justicia», afirmó Bolaños, para quien «en democracia el campo de juego son las instituciones», por lo que ha instado a «todos» a «mantener esa institucionalidad y esa lealtad a nuestro sistema democrático».
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