La mayoría conservadora forzará que el CGPJ repruebe las acusaciones de 'lawfare'

Los consejeros Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona justifican su petición en «el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial». Por ello, exigen de este CGPJ, en interinidaad desde hace un lustro por el cisma PSOE-PP, «un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho».

En los últimos días, varios vocales habían planteado redactar un informe con razones jurídicas que respalde a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer en las comisiones parlamentarias; una propuesta que ha tenido buena acogida interna, por lo que el CGPJ ya estudia la posibilidad de elaborarlo, según las citadas fuentes.

Estos movimientos tienen lugar después de que el Congreso de los Diputados acordara el pasado martes crear las tres comisiones de investigación pactadas por el PSOE con los soberanistas para indagar en la denominada 'Operación Cataluña', los atentados islamistas perpetrados en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y el espionaje a los independentistas con el programa 'Pegasus'.

El más duro ataque de los últimos días desde el independentismo a los togados tuvo lugar, precisamente, el martes en el Congreso por boca de la diputada de Junts Míriam Nogueras. Allí, durante el debate en el pleno de la amnistía y de las comisiones de investigación, aludió a «personajes oscuros» que son «cómplices de la politización de la Justicia». Nogueras citó a Francisco Pérez de los Cobos Manuel Marchena Carlos Lesmes, Concepción Espejel, Carmen Lamela, Pablo Llarena «y tantos otros que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato», apuntó.

«Pero en el Reino de España tienen vía libre para seguir retorciendo la ley y los derechos. Vía libre para acusar a muchos independentistas catalanes de terroristas solo por ser independentistas», remató. Nogueras definió a todos estos jueces, a los que sumó a algunos mandos policiales y periodistas, como «una serie de personas indecentes», reiteró. En el Senado, el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una «batalla política» para «intentar torpedear» la ley de amnistía, unas acusaciones que, en ese caso sí fueron rebatidas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El miércoles, solo horas después de los ataques de Nogueras a la Judicatura, el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, emitió un comunicado contra el ataque «sin precedentes» de la diputada catalana, que «no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho»,. Pero Castán hizo algo más: suspendió su reunión prevista ese mismo día con Bolaños ante el silencio que habían guardado los socialistas ante la intervención de Nogueras en el Congreso.

La reunión finalmente se ha agendado de nuevo para el próximo martes después de que hablaran por teléfono y Bolaños reiterara a Marín Castán su defensa de los jueces. Defensa que el ministro dice hacer no solo antes los secesionistas, sino equiparando las críticas de estos al PP.