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«Una monarquía renovada para un tiempo nuevo». Ese fue el lema que condensó las intenciones con las que Felipe VI asumió en 2014 la Corona. Se buscaba entonces insuflar aire fresco para acallar las voces críticas con una institución dañada por el viaje de ... Juan Carlos de Borbón a Botsuana y por el 'caso Nóos'. El Rey se marcó como principal objetivo recuperar la credibilidad y la imagen perdida con una monarquía «honesta, íntegra y transparente». Este domingo apeló a esos mismos principios para desmarcarse de cualquier sombra de sospecha sobre las actividades financieras de su padre, cuyo nombre figura en dos investigaciones, una suiza y otra española.
El Palacio de la Zarzuela hizo pública en un comunicado la decisión Felipe VI de renunciar a la herencia de don Juan Carlos «que personalmente le pudiera corresponder» y así se lo ha comunicado a él. También a cualquier activo, inversión o estructura financiera «cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad» que rigen la institución que comanda. Un gesto simbólico –el Código Civil dispone que nadie puede renunciar a la herencia de alguien que no ha fallecido– con el que Felipe VI marca distancias con los negocios del Rey emérito y levanta, a su vez, una barrera para proteger a la Corona de posibles daños futuros. El monarca aseguró desconocer cómo procedió su padre, se desvincula de los posibles fondos en paraísos fiscales y le retira la asignación salarial de 194. 232 euros anuales con la que contaba hasta ahora proveniente del dinero público.
Tras anunciar Juan Carlos I la pasada primavera su decisión de abandonar la actividad institucional, fuentes de la Casa del Rey no descartaban entonces que el exjefe del Estado tuviese una asignación vitalicia, aunque de menor cuantía que la actual, a semejanza de la que tienen los expresidentes del Gobierno, que ronda los 75.000 euros anuales. En todo caso, la última palabra la tenía Felipe VI, que es el que administra el presupuesto de la institución.
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Tras varias semanas en las que se han ido difundiendo informaciones acerca de su participación en fundaciones que se nutrían de fondos opacos, el monarca decidió cortar por la sano, como ya hiciera con la infanta Cristina y su marido cuando les retiró en 2015 el ducado de Palma.
Este fin de semana, el diario británico 'The Telegraph' informaba de que Felipe VI figuraba como segundo beneficiario de la fundación Lucum, que aparece como titular de la cuenta bancaria que recibió la presunta donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí a su padre. Esta circunstancia era conocida por la Casa del Rey desde hace aproximadamente un año, tras recibir una carta del despacho de Abogados Kobre&Kim, el mismo que representa a Corinna Larsen.
Don Felipe envió entonces una misiva al Rey emérito en el que le trasladaba que «si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada fundación, dejara sin efecto tal designación». Y optó por ir un paso más allá y dejar constancia ante notario de la carta a su padre y de que desconocía el dinero que éste pudiera tener en paraísos fiscales.
Según recoge el comunicado de la Zarzuela, en el acta notarial se expone además que don Juan Carlos habría actuado «sin su consentimiento ni conocimiento» y «manifestó no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro».
La Fiscalía de Suiza investiga desde 2018 el supuesto cobro de comisiones ilegales por la obra del AVE a la Meca llevada a cabo por un consorcio de empresas españolas, de la que la Audiencia Nacional ya ha solicitado oficialmente información. Los investigadores del país helvético siguen la pista a una suma multimillonaria de euros ingresados en una cuenta y que, según Corinna Larsen, se corresponden con una donación que el Rey emérito le habría hecho en 2012, cuando aún era jefe de Estado, como «regalo no solicitado» para ella y su hijo por el «cariño» que les tenía.
La fundación Lucum no es el único caso de un fondo 'offshore' que podía salpicar al padre del Rey. Según publicó 'El País', don Juan Carlos figura como tercer beneficiario de la fundación Zagatka, cuyo propietario es su primo Álvaro de Orleans-Borbón y desde la cual se habrían pagado vuelos privados al monarca. Felipe VI también se desmarca de esa organización. «El Rey desconoce por completo totalmente y a día de hoy su supuesta designación como beneficiario de dicha entidad», zanja Casa Real.
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El comunicado, inédito en la historia de la monarquía española, concluye con unos puntos que el rey Juan Carlos ha pedido que sean incluidos y en los que afirma que no facilitó ninguna información a su hijo referente a las dos fundaciones. Todo un reconocimiento implícito de su existencia.
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