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Uno de los despachos legales británicos que ha contratado Corinna Larsen para sus frentes judiciales, Kobre&Kim, ubicado en Londres, fue el emisor de la carta que el 5 de marzo de 2019 recibió la Casa Real. La misiva revelaba, «sin ninguna justificación ... documental», la supuesta designación como beneficiario del rey Felipe VI de la 'Fundación Lucum' después de que falleciera don Juan Carlos.
La presencia de este bufete no es baladí, ya que en él trabaja el abogado que representa a Corinna, Robin Rathmell, el mismo que ha gestionado la defensa de la empresaria danesa desde que su nombre salió a la palestra en el 'caso Villarejo'. Tampoco es circunstancial la fecha de la carta, 5 de marzo de 2019, un año antes del comunicado remitido por el equipo de la examiga íntima del Rey emérito y que abrió la caja de pandora.
En esa nota, Corinna dio detalles sobre los pormenores de la investigación abierta por la Fiscalía suiza sobre una donaciónde 65 millones de euros recibida en 2012, según publicó 'La Tribuna de Ginebra'. Una partida que salió de una cuenta suiza erradicada en Bahamas y que estaba a nombre de la citada 'Fundación Lucum', inscrita en Panamá y detrás de la cual estaría don Juan Carlos.
A través de su abogado, la empresaria aseguró que se trató de un «regalo» que le hizo don Juan Carlos para ella y para su hijo por el «cariño» que les tenía. Pero negó que en ningún caso se tratara de las presuntas comisiones que se movieron en la adjudicación a una contrata española del AVE saudí por 6.700 millones. Una concurso que se ejecutó en 2011 y que ahora indaga la Fiscalía Anticorrupción española.
La decisión, por tanto, de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre, «así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera» cuyo origen pudiera ser ilegal o amoral, en referencia a la 'Fundación Lucum', da una nueva dimensión a la causa abierta en Suiza.
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Primero porque da carta de naturaleza a la existencia de esa fundación, la misma en la que don Juan Carlos podría haber recibido 100 millones de dólares del rey saudí Abdulá en 2008. Y segundo porque vendría a dar veracidad al «donativo» entregado a Corinna en 2012, poco después del incidente del safari de Botsuana, cuando la relación había llegado a su fin.
Diez días después del comunicado, este sábado se conoció otra pieza del puzzle. El diario británico 'The Telegraph' publicaba que don Felipe era beneficiario de una sociedad creada por su padre, en referencia a 'Lucum', y que «en los estatutos» constaba «como segundo beneficiario». Y este domingo Casa Real reaccionaba revelando que en abril de 2019 rechazó ante notario cualquier derecho de esta fundación.
Pero, ¿por qué don Felipe adoptó esta decisión de forma preventiva? ¿Temía la presumible publicación de esta información tras la carta del despacho que defiende a Corinna? Lo cierto es que el bufete y la Casa Real mantuvieron comunicación hasta el 21 de marzo de 2019 y el 12 de abril siguiente fue cuando el Rey decidió ir al notario.
Precisamente, en ese mes Corinna también fue a un notario en Londres para relatar las operaciones encubiertas del CNI para proteger a don Juan Carlos, en la figura de su exdirector Félix Sanz Roldán. Ese acta notarial revela que ella se llevó de su residencia de Mónaco a Londres «ocho cajas negras» con documentos sobre los negocios del Rey emérito. Se desconoce si se trataba de la 'Fundación Lucum'. Pero por si acaso don Juan Carlos ya ha contratado a un abogado: el penalista Javier Sánchez-Junco.
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