La polémica por la reforma legal que permitirá que cuarenta presos de ETA vean reducida su condena sepultó este miércoles en buena medida el pleno del Congreso convocado, a petición del PP, para que Pedro Sánchez diera cuenta de sus políticas de inmigración ... en plena emergencia por el desbordamiento de los centros de menores no acompañados en Canarias. Lo hizo con duros reproches de Alberto Núñez Feijóo al Ejecutivo, el silencio de Bildu y un dardo envenenado del presidente al líder de la oposición. «¿Le han apretado, señor Feijóo, o es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece?», le espetó. «¿No sabe lo que votan?».
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Sánchez no dudó en ensañarse con una negligencia que los populares no saben aún como hacerse perdonar: el haber permitido que durante la tramitación de una norma pacífica, la trasposición de una directiva europea que regula el intercambio de información sobre antecedentes penales, se les pasara por alto la consecuencia inmediata de una enmienda presentada por Sumar. Ese texto proponía aplicar en su totalidad otra norma comunitaria sobre convalidación de penas servidas en otros países de la UE y en cuya incorporación al derecho español el PP de Mariano Rajoy introdujo en 2014 una disposición excepcional, precisamente, al constatar que estaba sirviendo para adelantar la salida de prisión de históricos de ETA.
Para cuando el lunes de destapó el asunto, el PP ya se había quedado sin margen de maniobra. La ley, con esa enmienda apoyada por todos los grupos parlamentarios, estaba cerrada a expensas de su votación en el pleno del Senado y, pese a la mayoría absoluta de los populares en esta Cámara, una vez concluya su tramitación, el próximo lunes, 14 de octubre, se publicará en el BOE y entrará en vigor. Solo la decisión del Gobierno de dar marcha atrás, como volvió a exigir este miércoles Feijóo, podría impedirlo, pero no se producirá.
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El Ejecutivo se revuelve contra la acusación de la oposición de que esta iniciativa es un pago a Bildu por su apoyo político y alega que con su aprobación España se homologará al resto de países de la UE. Asume en la práctica la ventaja que traerá para etarras que antes de 2010 estuvieron en prisión en Francia como José Javier García Gaztelu, 'Txapote', condenado por los asesinatos de los populares Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez y los socialistas Fernando Múgica y Fernando Buesa; Soledad Iparagirre, 'Anboto' o Félix Alberto Lóez de Lacalle, 'Mobutu'. Pero no la defiende abiertamente. «Y no lo hará», reconocen fuentes gubernamentales.
Este miércoles, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, reprochó a los socialistas que mantengan una actitud acomplejada en este debate, de «acobardarse» frente al PP, después de que Sánchez se mantuviera firme en la posición de no retirar la polémica norma pero adujera –como la víspera había hecho el exlehendakari Patxi López– que no «rebaja» ninguna pena sino que simplemente «se tiene en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero», de manera que «a quienes se les condenó a 30 años cumplirán 30 años. Y a quienes se les condenó a 10 años cumplirán 10 años».
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Sánchez no hizo ninguna alusión concreta a los presos de la banda. Tampoco lo hacía la enmienda de Sumar. Ni siquiera la disposición de 2014 que esta deroga y que simplemente establecía que la homogeneización del cumplimiento de las penas en los países de la UE no sería aplicable a aquellas sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010, que era la fecha tope en la que se debía haber traspuesto a la legislación española la directiva europea sobre este tema. Eso es, según se lamentan en el PP, lo que hizo que ni esta formación ni Vox ni UPN cayeran en la cuenta de lo que tenían entre manos.
El presidente del Gobierno , sin embargo, cuestionó que realmente los populares ignoraran lo que ocurriría con la entrada en vigor de la reforma y aprovechó su respuesta a la intervención de Feijóo –precedida de una calculada entrada en el Hemiciclo de la hermana de Miguel Ángel Blanco, la senadora Marimar Blanco– para cuestionar su liderazgo.
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El líder del PP le había acusado de faltar a su palabra. «Garantizó que no habría atajos para quienes generaron tanto dolor. Les dio su palabra –dijo en alusión a las víctimas de terrorismo etarra–, pero ¿qué palabra? Si usted no la tiene».«¿Tantos beneficios le da el poder, señor Sánchez? ¿Tanto como para que merezca la pena este legado?», insistió Feijóo.
Y el presidente del Gobierno le replicó: «¿Ustedes saben lo que votan o no? ¿O lo saben y después de ver la reacción en los medios de comunicación echan la culpa a otros de sus errores?». «Con ustedes nunca sabe uno dónde empieza la mentira y dónde la incompetencia. ¿Qué les decepciona más a sus votantes–añadió–, su hipocresía o su incompetencia?».
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Sánchez dibujó en su réplica una caricatura de un líder sometido a los dictados de «la jefa», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien atribuyó lo supuestos bandazos del presidente del PP no ya en esta cuestión sino en otras como la inmigración, la financiación autonómica o la senda de estabilidad presupuestaria.
«Para jefa –le atizó de vuelta Feijóo en referencia a Begoña Gómez– la que tiene usted Moncloa, aunque he visto que le han echado del trabajo». Antes le había advertido de que podía quedarse con «su victoria miserable» y los votos de Bildu. «A mí –remachó–me repugnaría seguir en el poder a cambio de sacar de la cárcel a los asesinos de mis compañeros».
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