El Congreso aprueba este jueves la amnistía y abre el vía crucis de su aplicación

En este contexto enfangado -el que se reprochan mutuamente los dos grandes partidos-, la amnistía regresa esta mañana a la Cámara baja para su refrendo final después de medio año de tortuosa tramitación y entre incógnitas de cómo se encauzará el vía crucis al que se asoma su ejecución; en especial en lo que se refiere al expresident Carles Puigdemont, que vuelve a optar a pilotar la Generalitat tras las autonómicas del 12 de mayo y apuesta por retornar a Cataluña como hombre libre para asistir a la sesión de investidura. Este jueves, el Poder Legislativo español, con la mayoría que conforman el PSOE, Sumar y sus aliados soberanistas, cruzará el Rubicón que enmienda la actuación del Estado de derecho contra la intentona separatista que afrontó su trance más crítico en otoño de 2017.

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El tono que tenga el debate, que se verá rematado por una votación por llamamiento forzada de nuevo por el PP para obligar a retratarse a todos y cada uno de los diputados del PSOE, y el devenir qué tenga la ley a partir de su publicación este viernes en el BOE definirán hasta qué punto la exoneración del 'procés' prolonga la pugna frontal en torno a ella. O dicho de otro modo, hasta qué punto la única ley que el Gobierno parece capaz de sacar adelante esta trabada legislatura está amortizada para la ciudadanía en su cojunto y para el electorado que votará en las europeas con el sentir de unas generales. Mientras los socialistas creen que el triunfo de Salvador Illa en las catalanas del 12-J desactiva en buena medida las reticencias hacia el perdón a los independentistas, el PP considera que «la impunidad» a que da lugar continúa siendo una bandera política que agitar.

Desde que el PSOE registrara el 13 de noviembre la proposición de ley de amnistía con la que ataba el decisivo apoyo de Junts a la investidura de Sánchez, el camino seguido por la norma hasta su aprobación se ha asemejado a una yincana. Un trayecto arriscado que podría reproducirse con la aplicación efectiva, casoa caso, de la nueva legislación que dejará sin efectos penales, administrativos y contables las actuaciones ya condenadas o que siguen encausadas entre el 1 de noviembre de 2011 y el citado 13 del mismo mes de 2023. El Gobierno contabiliza en 372 los beneficiarios del perdón -90 de ellos, policías señalados por las cargas en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017-, una cifra que Junts eleva a 1.400.

La tramitación de la norma ha tropezado con las exigencias de los de Puigdemont para intentar blindarla al máximo ante la acción judicial en dos procesos paralelos -la acusación de terrorismo contra el expresident por las movilizaciones violentas de Tsunami Democràtic y las investigaciones de traición al Estado por la llamada trama rusa del 'procés'- y con el veto de la mayoría absoluta del PP en el Senado. La proposición ha recibido nueve informes -de la Cámara alta, el Congreso, el Consejo del Poder Judicial y la Comisión de Venecia- que mantienen vivas las dudas sobre su constitucionalidad. Pero el primer test será qué ocurre con la orden de detención e ingreso en prisión que pesa sobre Puigdemont -y que la ley ordena levantar de inmediato- si el Supremo activa una cuestión prejudicial ante la justicia europea.