La comisión de Justicia en el Senado escenifica el disenso de los juristas sobre la amnistía

«Creo que una amnistía es deseable, una amnistía es hoy día necesaria», cerró su intervención García Rivas. Este jurista, que fue coordinador del dictamen de Sumar sobre la norma y que quedó opacado por el pacto entre el PSOE y Junts- defendió que si la Constitución al hablar de las medidas de gracia no establece distinción entre el indulto y la amnistía, «el argumento de que se prohíben los indultos no afecta a la amnistía», ha señalado. El jurista sostiene que «las normas constitucionales no son inermes, estáticas, sino que pretenden convivir unas con otras, interaccionar y a partir de esa interacción, aparecen nuevos derechos».

En su exposición enumeró otros casos en los que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció el ámbito de libertad que concede al legislador en cuestiones como la insumisión, la ley integral de violencia de género y la prisión permanente revisable, equiparables a esta cuestión. «Sentencias del TC han reconocido la capacidad para incriminar o desencriminar del legislador», destacó. Asimismo, reconoció que las limitaciones sobre el terrorismo que establece la proposición de ley le parecen «bastante adecuadas» y que, en su opinión, habría que circunscribir la definición de terrorismo del Código Penal a la Directiva de la UE.

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Por su parte, el presidente de la Fundación Hay Derecho, Segismundo Álvarez -la organización que presentó 100.000 firmas en el Congreso contra la ley de amnistía- criticó que la negociación de esta ley haya sido el resultado de un pacto entre partidos políticos y al margen del Parlamento lo que, a su juicio, «parece un menoscabo de la democracia».

«Nos preocupa la proyección hacia el futuro en lo relativo a la separación del poder judicial», declaró Álvarez. «Creo que es muy significativo el texto de la Comisión de Venecia en referencia a que surgirán controversias en la aplicación de la ley». Considera que la proposición de ley tiene «problemas de fundamento, de contenido y supone un riesgo para nuestro Estado de Derecho y sienta un peligroso antecedente», al tiempo que ofrece una imagen distorsionada de nuestro estado de Derecho «Amnistiar delitos admite la asunción del relato de que España es un estado opresor», ha recalcado.

Por la tarde, la catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas Martín intervino a petición del PP. La jurista incidió en la legislación europea para apuntar que «España no es libre de regular como quiera ni exonerar la responsabilidad cuando la Unión regula determinados tipos delictivos», en referencia a los delitos de malversación, fraude, corrupción o las órdenes de detención. «No es admisible que las Cortes puedan configurar libremente, no somos una democracia popular», señaló. Además, sostiene que una amnistía como la propuesta presenta dudas sobre sus constitucionalidad y su compatibilidad con el derecho de la UE.

Por la Cámara alta ya han desfilado en los últimos días el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Gimbernat, el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio de la Universidad Autónoma de Madrid, citado por ERC, el catedrático de Derecho Administrativo emérito de la Universidad Cumplutense de Madrid Tomás Ramón Fernández Rodríguez y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, Luis María López Guerra.