La Comisión de Venecia incide en el Europarlamento en que la amnistía precisa «una mayoría cualificada»

La representante de la Comisión de Venecia ha destacado que el abanico de delitos amparados por esta ley es «muy amplio y difuso». Cartabia también ha criticado los plazos que estipula la norma, que abarcan 12 años. «Se trata de cláusulas bastante abiertas que restan claridad y precisión a la norma, por lo que recomendamos limitar y definir mejor el ámbito de la amnistía», ha asegurado. Del mismo modo, ha destacado «la enorme controversia que ha generado» esta ley, por lo que recomienda aprobarla con una mayoría cualificada para «pacificar».

Otra de las preocupaciones de la Comisión de Venecia reside en que la normativa incluya delitos de terrorismo y prevaricación. «Si bien no nos corresponde a nosotros evaluar su compatibilidad con la legislación europea, señalamos que la amnistía debe ajustarse al derecho internacional y a hechos directamente vinculados a las consultas independentistas». Por parte de la Comisión Europea ha tomado la palabra el director de Estado de Derecho, Julien Mousnier, quien ha recordado que Bruselas «evaluará de forma cuidadosa la ley» y velará por que sea compatible con los Tratados.

En el debate posterior, los eurodiputados han intercambiado puntos de vista. Javier Zarzalejos, del PP, ha destacado que la evaluación de la Comisión de Venecia pone en evidencia que «no estamos ante una ley para la reconciliación, sino para la impunidad». También ha criticado el ámbito temporal «absolutamente desmesurado» y la «débil conexión» de los delitos que se quieren amnistiar con las consultas sobre la independencia. «Es una ley de impunidad indiscriminada», ha concluido.

En las bancadas socialistas ha tomado la palabra Birgit Sippel quien ha criticado la politización de este asunto en las instituciones comunitarias y ha hecho suyas las tesis del Gobierno y el PSOE, que llevan semanas alegando -lo hicieron también hoy- que el dictamen de la Comisión de Venecia avala su norma y da un varapalo al PP . Sippel ha defendido que la ley de amnistía «no plantea problemas de separación de poderes y no abarca a personas específicas». Igualmente, ha señalado que deberán ser los jueces quienes establezcan que personas cumplen con los criterios para beneficiarse de esta ley.

En una nota posterior, los socialistas españoles insistieron en alegar que, conforme al órgano del Consejo de Europa, la ley no afecta a la separación de poderes, es «perfectamente compatible» con el Estado de Derecho; «no afecta al principio de igualdad» por tener un fin «lícito» como es la reconciliación y no requiere una reforma constitucional (a pesar de que el texto deja claro que sería deseable). «Qué lástima que el PP solo estudiara 24 horas la viabilidad jurídica de la amnistía, tal y como reconoció el Sr. Feijoo ante 16 periodistas. Si hubieran estudiado un poco más, no les hubiera sorprendido el dictamen de la Comisión de Venecia y no estarían ahora tratando de manipularlo», adujeron incluso.

Por los liberales ha intervenido en la Eurocámara la eurodiputada de Renew Sophie in 't Veld, que ha afeado el «cruce de acusaciones» entre la izquierda y la derecha. Ha pedido a la Comisión Europea que supervise la situación y le ha preguntado qué acciones llevará a cabo para asegurar que la ley cumple con los criterios establecidos por la Comisión de Venecia. Maite Pagazaurtundua, de la misma familia política, ha tomado la palabra para destacar que la norma amnistía «penas de corrupción, terrorismo y alta traición» a «aliados del Gobierno». «Esto es nulidad de pleno derecho. Estamos hablando de populismo dañoso», ha criticado.

Por parte de los Verdes intervino Diana Riba i Giner quien ha asegurado que la norma «da la oportunidad para abrir una nueva etapa en la resolución del conflicto en Cataluña». «Es una norma que se ajusta al derecho de la UE, que es constitucional y que es un instrumento para la reconciliación», ha destacado. Por su parte, el eurodiputado y exconseller Toni Comín, ha asegurado que la ley de amnistía «rectifica un error gravísimo, que fue llevar al ámbito penal un conflicto político».