Sánchez pacta con ERC un relato sin crítica del 'procés' y condonar a Cataluña 15.000 millones

Los socialistas no lograron el miércoles, y también se les escurrió este jueves, el pacto clave que pretendían haber amarrado ya con Carles Puigdemont y su partido. Sin él, toda la negociación con el resto de formaciones políticas se convertirá en papel mojado y en un complejo programa electoral con el que afrontar una repetición electoral. Pero Bolaños se mostró esperanzado en que llegue «bien pronto». Y la escenificación del acuerdo con ERC empuja precisamente en esa dirección.

El propio ministro, uno de los puntales del equipo negociador designado por Sánchez para la investidura, admitió en una comparecencia en la sede del PSC, en Barcelona, que aún existen diferencias con Junts sobre el contenido de la polémica ley de amnistía. El martes por la noche, ERC logró, según su versión, la inclusión en la norma de los encausados por presuntos delitos de terrorismo vinculados a los CDR y Tsunami Democràtic. Junqueras subrayó este jueves que la norma también será aplicable a la consulta del 9 de noviembre de 2014, pero Bolaños no quiso confirmar nada hasta obtener el sí del partido de Puigdemont.

El texto suscrito con los republicanos ya contiene parcialmente, en todo caso, el armazón argumental con el que los socialistas pretenden justificar la polémica medida que hace solo tres meses tachaban de inconstitucional. En él, bajo el epígrafe 'Elementos esenciales del conflicto político', se pone el foco en la sentencia que anuló parte del contenido del Estatut ya refrendado por los ciudadanos como responsable de que que se entrara en una fase «especialmente crítica».

«Los acontecimientos producidos entre la sentencia del Estatut hasta el referéndum anulado por el TC de 2017 generaron una tensión institucional y social, que se agravó con el inicio de múltiples procedimientos judiciales, buena parte de los cuales, todavía hoy –subrayan antes de entrar en una defensa de los indultos–, siguen tramitándose».

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El pacto con ERC da también una pista de lo que está por venir si la investidura prospera. El documento recoge el compromiso de los republicanos a «dar estabilidad a la legislatura a través de una negociación de buena fe y de la voluntad de aprobar los principales hitos legislativos», lo que incluiría los Presupuestos Generales del Estado. Pero Junqueras advirtió de que ese apoyo dependerá del cumplimiento o no de los acuerdos alcanzados. 

En ese sentido, será clave el futuro de la mesa de diálogo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insistió este jueves en que la amnistía «no cierra el conflicto» y que este solo concluirá «con democracia y reconociendo los derechos nacionales de Cataluña». El PSOE lleva meses insistiendo en que en ningún caso aceptará un referéndum sobre la independencia. Los republicanos, sin embargo, sostienen que el hecho de haber aceptado abiertamente que en 2010 se produjo un «choque de legitimidades» entre la posición del Tribunal Constitucional y la voluntad popular supone un avance importante que acerca a la celebración de una consulta.   

El debate de la financiación también amenaza con ser conflictivo. Bolaños avanzó, de manera preventiva, que la condonación de 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) creado en 2012, en plena crisis, se hará a través de un mecanismo del que también podrán beneficiarse otras comunidades. Pero las situaciones son muy dispares. Cataluña es la comunidad más endeudada con el Estado, con algo más de 73.000 millones; muy por delante de la segunda, la Comunidad Valenciana, con 48.000. Y fuentes de la negociación apuntan que no a todas se les perdonará el 20%, sino que dependerá de su «infrafinanciación» en 2008, cuando se desató aquella crisis.