Puigdemont enfría su aval a la investidura «por más prisas» que tenga Sánchez

«Siempre hemos dicho que al tratar con el sistema político español todas las precauciones son pocas», incidió el exjefe de la Generalitat prófugo en Waterloo. «Nos mantenemos y nos afianzamos. No cambiaremos la prudencia y las precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan», avisó en clara alusión a la pretensión de Sánchez de llegar investido presidente al congreso que celebrarán en Málaga el 10 y 11 de noviembre los socialistas europeos.

Este ralentí contrasta con el acelerón del PSOE y ERC, que cerraron en menos de 48 horas una alianza que permite a los republicanos ufanarse de haber incluido en el borrado del 'procés' a los encausados por terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic, aunque Puigdemont siempre ha exigido una «amnistía total»; lograr el largamente reclamado traspaso de Cercanías; y parte de la condonación de la deuda derivada de la financiación autonómica excepcional, el FLA, que activó el Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de la crisis financiera desatada en 2008.

Aunque las especulaciones sobre el cierre inminente de la entente con el PSOE se habían disparado, alimentadas en buena medida por su reunión este jueves con el núcleo duro de Junts en Bruselas, Puigdemont no ha levantado aún el pulgar que permita a Sánchez cumplir con su objetivo de consumar su investidura para finales de la semana próxima. El expresident debatió durante varias horas con los suyos qué hacer con la votación sobre Sánchez y todos acabaron levantándose de la mesa anticipando que en lo que quedaba de día no se daría por sellado el acuerdo con los socialistas.

Puigdemont está jugando una partida que para él, y según sus exigencias, debe traducirse en un «compromiso histórico» del Gobierno para resolver el «conflicto político» en Cataluña en clave autodeterminista, sabiendo que tiene la sartén por el mango de la investidura. Se daba por hecho que la amnistía estaba casi pactada con los socialistas; sin embargo, la norma no está terminada de concretar. El PSOE confiaba en poder entregarla este jueves con la rúbrica de todos los socios en el registro del Congreso, o a más tardar hoy antes de la reunión prevista de la Mesa de la Cámara baja para su calificación, y activar así la fecha de la investidura.

Pero de momento, no hay pacto encarrilado en torno al texto de la medidas de gracia. La negociación quedó este jueves encallada en el alcance de la amnistía, que Junts pretende que ampare también a dirigentes de su entorno aunque sus casos no estén relacionados directamente con el 1-O; lo que los soberanistas catalogan como 'lawfare' ('guerra legal'). Es el caso de Miquel Buch, Laura Borràs o Josep Lluís Alay.

Junto a ello, queda también por concretar lo que algunas fuentes dan por pactado: la figura de un verificador internacional que acredite el cumplimiento de los acuerdos. Esa exigencia del secesionismo, no aceptada entonces por Sánchez, forzó el adelanto electoral de abril de 2019. Pero se trataba de otros tiempos y el presidente era menos dependiente de los votos del soberanismo catalán y vasco.

Los negociadores del PSOE y de ERC confían en que Junts no rompa la baraja. Fuentes de los aludidos apuntaron que tienen voluntad de llegar a un pacto, pero no a cualquier acuerdo. Las presiones arrecian en el secesionismo. Hace justo ahora seis años, Puigdemont protagonizó un giro de guion cuando, sensible a las presiones de los sectores más inflexibles de su partido y en aquellos críticos días de 2017 también de ERC, renunció a explorar una vía de escape con la celebración de una autonómicas anticipadas y tiró para adelante con la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Tras anunciar el pacto sobre la ley de amnistía, el partido de Sánchez y los de Junqueras han cerrado una de las patas clave del paquete de exigencias que ha puesto Esquerra encima de la mesa desde el inicio de las negociaciones: el traspaso integral de Cercanías, una reivindicación histórica del Govern. El anuncio oficial podría firmarse esta misma tarde y sellaría el compromiso de Esquerra, que tiene siete diputados, de votar a Sánchez. Sería a cambio, al menos de momento, de la ley de amnistía y del traspaso integral de Cercanías. Este traspaso competencial se produciría en fases. En principio, el traspaso incluiría vías, trenes y la financiación necesaria para llevarlo a cabo. En la actualidad, el Govern tiene una competencia limitada sobre Cercanías, que es el servicio que opera Renfe. No tiene la titularidad de las vías, ni de los trenes ni la gestión del personal.

Cercanías era una de las reclamaciones de ERC. Primero, pedía una ley de amnistía; más tarde, los asuntos relacionados con la economía, como Cercanías y la corrección del déficit fiscal, que el Govern cifra en 22.000 millones. Sobre este último extremo, no hay novedades en las negociaciones. Tampoco por la llamada como la segunda carpeta, la que hace referencia al conflicto político y la autodeterminación. Los republicanos reclaman a Sánchez que se comprometa con la reactivación de la mesa de diálogo, en la que los independentistas se proponen pactar las condiciones de un referéndum. Esa negociación, sobre las líneas básicas de la consulta, se dejaría para toda la legislatura española.

En el final de la negociación para la investidura, ERC ha tratado de marcar perfil y ha conseguido apuntarse algunas medallas, cuando Puigdemont se estaba llevando todo el protagonismo. El presidente del Gobierno y el de la Generalitat desbloquearon el martes la ley de amnistía. Los republicanos se resistían a dar su brazo a torcer pues la norma no daba cobertura a todos los «represaliados» del 'procés' «sin excepción». ERC se felicitó este jueves en un comunicado que la ley de amnistía dará cobertura a «todas las personas represaliadas políticas con causas penales, civiles, contables y administrativas relacionadas con el proceso de emancipación nacional».

De esta forma, podrían acogerse a la ley de amnistía todas personas investigadas, procesadas o condenadas desde la consulta de 2014 a los implicados por el referéndum del 1-O de 2017. Incluye a la treintena de procesados por el 1-O pendientes de juicio, a la causa abierta en el Tribunal de Cuentas y lo que más valora ERC es que también ampara a las dos causas abiertas en la Audiencia Nacional por terrorismo: la de los CDR, que son una decena, y la que tiene que ver con Tsunami Democrático.

En esta causa, que el PSOE se resistía a que fuera incluida, están implicados dos destacados dirigentes de ERC, Marta Rovira, que es la secretaria general del partido, y Xavier Vendrell, exconsejero de la Generalitat. La Audiencia Nacional investiga la causa de Tsunami por indicios de terrorismo.