Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sale en coche del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid EFE

El juez suspende la declaración de Begoña Gómez hasta el 19 de julio

Peinado admite la petición de la defensa de suspender la cita porque no le habían notificado la admisión de otra querella

Mateo Balín

Madrid

Viernes, 5 de julio 2024, 10:18

El esperado cara a cara entre el juez de Madrid Juan Carlos Peinado y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá una segunda parte el próximo 19 de julio. Tras 80 días de convulsa instrucción judicial sobre los hechos investigados, con un ... cruce de reproches constante entre el magistrado, por un lado, la Fiscalía y la defensa, del otro, y la permanente presión de las cinco acusaciones populares para aclarar las actividades laborales de Gómez, Peinado decidió ayer aplazar el interrogatorio para no vulnerar los derechos de la investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

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Por lo tanto, el vía crucis judicial de la encausada se prolongará dos semanas más, mientras que el foco de la oposición seguirá apuntando a Sánchez y a la falta explicaciones sobre la causa por presunta corrupción que afecta a su pareja.

La de ayer, en suma, fue una prueba fallida pero también un ensayo general de lo pasará el día 19; con un despliegue de seguridad propio de los procedimientos más mediáticos y unos juzgados de Madrid, ubicados en la Plaza de Castilla, revolucionados con la presencia de Gómez, que tal y como había acordado la jueza decana el día antes accedió por el garaje en un vehículo con los cristales tintados por su seguridad.

Judicialmente, las cartas también se pusieron boca arriba después de que el abogado de la investigada, Antonio Camacho, exministro socialista del Interior, llevara el argumento de que su cliente es víctima de una clamorosa indefensión a la misma sala de la declaración, bajo la mirada del juez Peinado. Un espacio situado de la sexta planta de los juzgados de Madrid, junto al órgano de Instrucción número 41 que abrió las diligencias en abril tras admitir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias basada en informaciones en prensa.

Así, a los pocos minutos de entrar ayer las partes en la sala, con Begoña Gómez sentada junto a su abogado tras acceder a toda velocidad desde el ascensor principal rodeada de seguridad de la Moncloa, los funcionarios cerraron las puertas y el juez tomó la palabra. Anunció que rechazaba la petición formulada por la defensa de no grabar imágenes de la compareciente por su «relevancia pública», e instantes después pasó a la acción.

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«Buenos días, usted es Begoña Gómez Fernández, ¿sabe por qué hechos está siendo investigada?», le preguntó Peinado. «No, lo desconozco», respondió ésta, según informaron fuentes jurídicas presentes en la sala. En ese momento, el juez comenzó a enumerar los hechos y el abogado de Gómez, raudo y veloz, pidió la venia «a su señoría» e intervino para denunciar que se estaban vulnerando los derechos de defensa de su cliente. Detalló que el motivo era que, entre otros asuntos bajo investigación, no le habían dado traslado de la querella presentada por el colectivo ultraconservador Hazte Oír que también ha sido admitida por el juez, tal y como reveló éste en un auto dictado el pasado martes.

En concreto, en la resolución en la que, de forma genérica, Peinado respondió a Camacho que examinaba «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno (junio de 2018) y que se contienen en la denuncia» de Manos Limpias y en la querella que también tiene sobre la mesa de Hazte Oír sobre los trabajos de la investigada en la Universidad Complutense.

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«Mi cliente quería colaborar»

Ante las alegaciones ayer de Camacho, el juez acordó un breve receso para que las acusaciones abandonaran la sala y su defensa se informara de las querellas que forman parte del procedimiento. Al retomar la declaración a los 15 minutos y permitir el acceso a todas las partes, fue cuando anunció que suspendía el interrogatorio y reprogramaba la cita.

«Mi cliente quería colaborar con la Administración de Justicia y venía dispuesta a declarar si el juez aclaraba los hechos objeto de investigación», justificó Camacho a la salida del juzgado ante un nube de periodistas, cámaras de televisión y micrófonos. No obstante, el abogado matizó que toda persona investigada tiene derecho a tener conocimiento de los hechos por los que se le va a interrogar y reiteró que el juez les había «sorprendido nuevamente» porque trajo a colación la querella de Hazte Oír, que no les había sido notificada desde el juzgado.

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La organización denunciante lo interpretó en sentido radicalmente opuesto y acusó a la defensa de Gómez de protagonizar «abuso de Derecho» y «mala fe procesal» porque, subrayó, su querella era de dominio público. Que la nueva declaración sea el día 19 no es casualidad, ya que dos días antes testificará por videoconferencia Juan Carlos Barrabés, el empresario clave contratista de la Administración. Barrabés, colaborador del máster en la Universidad Complutense de la mujer de Sánchez, fue quien recibió las cartas de recomendación de ella para los concursos adjudicados.

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