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El aplazamiento al 19 de julio de la declaración de Begoña Gómez por parte del tribunal que la investiga por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción dio más munición al PP para elevar su ya enconado enfrentamiento con el Gobierno por ... esta cuestión. En un comunicado, los populares acusaron a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, primero de «no facilitar» e, incluso, «obstruir»la acción de la justicia al acogerse a su derecho a no declarar –su defensa alego que no le habían notificado una de las querellas– y, tras fijar el juez Juan Carlos Peinado la nueva fecha, de alargar «alargar la agonía de los inquilinos de La Moncloa y la vergüenza de todos los españoles».
En Génova había gran expectación por una cita judicial que, entendían, resulta «dañina» para Sánchez y su entorno. En esa línea, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, calificó la jornada como «un día negro para la democracia española». «Quien prometía llegar a la Presidencia para desterrar la corrupción, hoy es un presidente manchado hasta la médula», afirmó durante su intervención en la Junta Directiva Provincial de la formación celebrada en Valladolid. «Sánchez tiene mucho interés en seguir en el Gobierno para poder defender a su familia, a sus socios y a sus compañeros de partido de la acción de la justicia», zanjó.
Desde el Gobierno, en cambio, se perciben como «víctimas» de esta cuestión. Su portavoz, Pilar Alegría, insistió este viernes en que la investigación a Begoña Gómez se trata de «una denuncia falsa» y reprocha indirectamente al juez que «haya llegado tan lejos». «Hoy va a declarar una mujer que en estos momentos y todavía en estas fechas no sabe de qué se le acusa. Y lo único que hoy conocemos es una denuncia falsa propuesta por Hazte Oír y por Manos Limpias», señaló la ministra de Cultura antes de que comenzara la vista, insistiendo en que considera a ambas organizaciones como las «más ultras y oscuras» que existen en este momento».
Pese a lo directo de su mensaje, Alegría intentó también trasladar un mensa de calma ante la agenda judicial que cerca a la Moncloa. «Lo que les puedo trasladar es la máxima tranquilidad porque sabemos eso, que hay una denuncia falsa y que no hay nada, absolutamente nada. Y de hecho así lo demostró también un informe sólido por parte de la Guardia Civil que desmontaba uno por uno sus argumentos falsos de la denuncia de Hazte Oír y Manos Limpias», insistió.
Incluso la ministra de Defensa, la también magistrada Margarita Robles, rompió su habitual neutralidad en cuanto a decisiones judiciales se refiere. Señaló que el juez Peinado «buscaba» que la esposa del presidente del Gobierno «hiciera el paseíllo»; y cargó contra los manifestantes reunidos a las inmediaciones de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. «Cuando veo a personas que se reúnen delante de los juzgados insultando al Gobierno creo que no representan a España», zanjó.
La ministra, a preguntas de los periodistas, dijo no entender que «un juez, pese a que una persona le dice que no tiene los elementos de juicio suficientes para declarar, la obligue a comparecer hoy como ha hecho». Una situación que a su juicio da a entender que «el único objetivo era que hiciera un paseíllo» ya que «él sabía perfectamente que Begoña Gómez no estaba informada de aquello por lo que se le llamaba a tomar declaración».
«Yo llevo más de 40 años en el mundo judicial y lo que he visto hoy me sorprende, no lo comprendo y creo que es una mala imagen para la justicia», reiteró Robles. La ministra terminó recordando que los jueces y magistrados son «servidores públicos» que «están para prestar un servicio, no para tener protagonismo».
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