Las autonomías del PP comienzan la batalla judicial contra la amnistía entre avisos de los independentistas

Este es el nuevo tablero en el que se dilucidará la amnistía una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una entrada en vigor que se preveía este viernes pero que, finalmente, se dilatará. Tanto Junts como ERC evidenciaron en el Congreso que son conscientes de que la ejecución del perdón que ellos interpretan como «victoria» se librará ahora en juzgados y tribunales. «El partido judicial español», llegó a calificar Rufián a los togados, a los que Nogueras exigió que demuestren que se comportan como sus colegas «europeos»: «No somos ni terroristas ni delincuentes», zanjó. Mientras ambos se sucedían en la tribuna de oradores, el PP dio por abierta la contienda judicial, aunque sin fechas concretas ni «prisas» ante «la nula confianza» en que este TC, «con un exministro socialista» sentado en él, vaya a darle la razón.

La confirmación llegó por voz de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que antes de que Alberto Núñez Feijóo interviniera en la Cámara baja, confirmó una acción coordinada de las comunidades gobernadas por los populares para acudir «ya mismo» ante el TC con una batería de recursos de inconstitucionalidad. «Vamos a dar la batalla», constató la dirigente madrileña. El PP va a lanzar por esta vía y en primer término su oposición jurídica a una norma que cree que vulnera principios básicos de la Carta Magna como el de igualdad entre los ciudadanos, al otorgar «impunidad» y «privilegios» al    separatismo a cambio de dar sostén al Gobierno de Sánchez.

«Los equipos jurídicos de nuestros gobiernos tienen una capacidad argumentativa muy potente y no va a ser sencillo que el Constitucional obvie sus argumentos sin poner en riesgo su    prestigio», sostienen fuentes de Génova. Los mismos medios ratifican que el PP, como partido, utilizará la potestad que confiere la legalidad a 50 diputados y 50 senadores para poder acudir a la corte de garantías pese a la falta de expectativas sobre que su iniciativa vaya a prosperar. Los populares tiene tres meses para poder hacerlo.

La ley orgánica del TC regula la capacidad de las autonomías para impugnar leyes, pero sin que eso tenga ni efectos paralizantes de las mismas ni sobre los procedimientos. Es decir, las iniciativas que puedan adoptar los populares no pueden impedir que Puigdemont regrese a Cataluña como hombre sin cargas penales si la amnistía se hace totalmente efectiva. Quienes sí pueden procurar la suspensión, tampoco de la norma pero sí de los expedientes de los encausados a los que beneficiaría, son los jueces y singularmente en este caso el Supremo, tribunal instructor y sentenciador de las imputaciones a los cargos del Govern de Puigdemont y del Parlament por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la nonata declaración de independencia.

Los jueces ordinarios, el instructor del Supremo Pablo Llarena y la Sala de lo Penal presidida por Manuel Marchena –la que condenó por sedición y malversación a Oriol Junqueras y los líderes del 'procés que no huyeron, luego indultados parcialmente por Sánchez– pueden hacer dos movimientos para refrenar la exoneración de cada caso concreto que se impugne. Uno, la presentación de cuestiones –que no recursos– de inconstitucionalidad ante el TC; y dos, la que juristas creen más probable, tirar por elevación yéndose ante la justicia europea con una cuestión prejudicial. En ambos casos, la admisión a trámite paraliza el procedimiento en curso hasta la resolución definitiva. El TJUE está tardando en torno a dos meses en evaluar si tramita o no una cuestión prejudicial y alrededor de año y medio en sentenciar.

El primer plazo vendría a coincidir con el margen impuesto por los promotores de la ley para que los jueces apliquen –a título propio o instancia de parte– la amnistía. Y en ese tironeo que parece asomarse, aflora una incógnita superlativa: qué ocurrirá con las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont –la orden nacional de detención e ingreso en prisión dictada por Llarena– que la norma ordena levantar en cuanto entre en vigor en el BOE. Sobre el papel, una cuestión prejudicial 'ad hoc' sobre las mismas podría dejar en suspenso el retorno del expresident fugado en Bélgica, quien pretende estar presente en la sesión de investidura en el Parlament catalán a la que opta, prevista para finales de junio. Y algo más que está por ver: si el secesionismo promueve que decenas de encausados reclamen al tiempo la ejecución efectiva del borrado del 'procés'.