Asociaciones de jueces y CGPJ denuncian que el acuerdo PSOE y Junts «quiebra» la separación de poderes

Un «repudio» al que se ha adherido la Comisión Permanente del CGPJ, que ha manifestado su «frontal oposición» a esta iniciativa y han adelantado su apoyo a las «futuras actuaciones» de los juzgados y tribunales en contra de la aplicación de esta norma parlamentaria. «Una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes», subraya el comunicado.

La moción fue aprobada con los votos de su presidente, Vicente Guilarte, las vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas y las conservadoras Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart. La consejera progresista Pilar Sepúlveda votó en contra. Al menos seis vocales más se sumaron después al escrito.

De forma previa, los cuatro colectivos judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, salieron al paso con un mismo mensaje dejando atrás las diferencias que, por ejemplo, mostraron tras la declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de la ley de amnistía, aprobada el pasado lunes por la mayoría conservadora.

En este caso, la preocupación manifestada por estas asociaciones subyace por un punto concreto del acuerdo entre los grupos parlamentarios. Dice el texto aprobado por PSOE y Junts que la futura ley «procura la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Y debe incluir, por lo tanto, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura «en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Según las asociaciones firmantes, que representan a más de la mitad de la carrera, esta iniciativa podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales «con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». Se refieren a las resoluciones relativas a causas abiertas o investigaciones judiciales contra dirigentes o personalidades del mundo independentista, y no solo las propias del 'procés', también a la derivadas como la llamada 'operación Cataluña' llevada a cabo por la policía patriótica, que ya investigan por otra parte varios juzgados en Madrid.

Los jueces, añade el comunicado, «han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución». Por lo tanto, estas expresiones del acuerdo político, «que traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables».

Remacha el escrito que el Poder Judicial en España «es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta». Una referencia por ejemplo a que el CGPJ tiene un régimen disciplinario y un magistrado que se dedica precisamente a investigar cualquier denuncia o queja por la actuación de jueces o magistrados.