Koldo García «ocultó» tras su familia la compra de inmuebles con las comisiones

Con un papel «sumamente relevante y revelador» en los hechos investigados, dada su condición de escudero del ministro Ábalos y facilitador de la mercantil beneficiada con los contratos públicos –Soluciones de Gestión pasó de percibir 0 euros en 2019 a cerca de 54 millones en 2020 gracias a las nueve adjudicaciones–, García habría usado a terceras personas «con el objetivo de ocultar o al menos dificultar la verdadera titularidad de los bienes inmuebles» adquiridos, según la Fiscalía Anticorrupción.

Los investigadores, de acuerdo a la información remitida por la Agencia Tributaria, han podido determinar el movimiento de dinero entre las cuentas de la familia García Izaguirre –los hermanos Koldo y Joseba, las mujeres de ambos e incluso la hija del primero–. Precisamente, una de las viviendas adquiridas en Benidorm se hizo con dinero de la cuenta de la niña de Koldo García, que entonces tenía dos años. En total, entre 2020 y 2022 se estima que Koldo García invirtió 1,5 millones del patrimonio obtenido con las comisiones (existen 138.000 euros de ingresos en efectivo sin justificar), préstamos bancarios, nóminas y pensiones para la compra de estos bienes en la provincia de Alicante.

Por ejemplo, la citada propiedad adquirida en Benidorm por 115.000 euros a nombre de su hija fue pagada a los vendedores con 11.500 euros en metálico, sin justificación de su procedencia, y con cuatro cheques con fondos de la cuenta de la menor. Un depósito que 48 horas antes había recibido nueve traspasos hasta elevar su saldo a 110.023 euros; dinero procedente, entre otros, de las cuentas de su tío Joseba, detenido también y que el jueves quedó en libertad sin medidas cautelares. Este también trabajó para sociedades estatales del Ministerio de Transportes.

El primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020 –justo una semana después de que el Gobierno decretara el estado de alarma por la Covid-19– para el suministro de mascarillas por valor de 20 millones. En aquel momento, García era vocal del Consejo Rector de Puertos. A esa adjudicación directa, amparada por la tramitación de urgencia permitida con motivo de la pandemia, le siguió la de ADIF, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, donde Koldo García «asesoraba a su titular», José Luis Ábalos. El contrato se firmó el 27 de marzo, solo seis días después del anterior, por 12,5 millones. Y a este le sucedió el del Ministerio del Interior.

Anticorrupción resalta que en la documentación aportada «no se deja claro cómo se pactaron las condiciones de adjudicación», ni se justifica objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, «ni tampoco cómo y de qué manera se tuvo conocimiento de que esa empresa era proveedora de mascarillas». Lo que sí ve claro la Fiscalía, al menos indiciariamente, es que la preselección de Soluciones de Gestión habría partido directamente de Transportes.

Anticorrupción subraya que el lapso entre la publicación de las dos órdenes del ministerio para la regulación de la adquisición y distribución de material sanitario y las posteriores adjudicaciones por parte de Puertos del Estado y ADIF a la empresa investigada, fue «prácticamente inexistente». Es más, todo ocurrió «el mismo día», extremo que, a juicio de la Fiscalía, parece evidenciar un «concierto previo» entre los responsables de la toma de decisiones en la sociedad Soluciones de Gestión y la Administración Pública. A esa conclusión se llega no solo por la coincidencia en fechas, sino también por los contratos firmados por esta empresa con otras mercantiles en los que «mencionaba expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos con el Gobierno español» cuando en ese momento «solo había firmado uno» con Puertos del Estado

Para Anticorrupción, la persona que facilitó a Soluciones de Gestión la información sobre las adjudicaciones fue presuntamente Koldo García, cargo del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021; y sostiene que detrás de esta trama hay una «organización criminal» que se dedicó a conseguir contratos públicos aprovechando las urgencias de la pandemia. Con García –quien también fue consejero de Renfe– como supuesto mediador entre las partes que se lucraba con los contratos obtenidos por Soluciones de Gestión, que obtuvieron adjudicaciones por valor de 54 millones de varias administraciones pese a su nula experiencia en la venta y distribución de material sanitario, y menos desde China. En el grueso de estos contratos, 36 de los 54 millones obtenidos, el que fuera escudero de Ábalos tuvo un papel muy activo para que Puertos del Estado (20 millones), ADIF (12,5 millones) y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior (3,5 millones) contrataran con la empresa radicada en Zaragoza para obtener las mascarillas.

Una mercantil que estaba vinculada a sus supuestos socios, los también investigados Víctor Gonzalo de Aldama (presidente del Zamora Club de Fútbol), Iñigo Rotaeche y, sobre todo, Juan Carlos Cueto, propietario del conglomerado Grupo Cueto, que sería el titular real del denominado 'negocio de las pizarras', que se puso en marcha con parte de los fondos investigados. En esa relación también se señala a un guardia civil como elemento clave: el subteniente José Luis Rodríguez, destinado en el departamento de Seguridad del Ministerio de Transporte. Según el juez, el agente conectaría a Koldo García con «el nivel más elevado» de la gestión de los contratos investigados, ya que el subteniente tiene relación con Juan Carlos Cueto e incluso se habría hospedado junto a él en la localidad de Barco de Valdeorras (Ourense), donde se hallan las explotaciones de pizarras.

Por todos estos hechos –el secreto del sumario se levantó esta viernes–, la Fiscalía se querelló contra estas personas en otoño pasado en el juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Ismael Moreno. Llevaba al menos un año, desde 2022, investigando con la colaboración de Hacienda tras la denuncia del PP de Madrid. Con vigilancias personales e interceptaciones de los teléfonos de los detenidos y recabando pruebas. En este periodo, incluso, la Agencia Tributaria citó a los responsables de Soluciones de Gestión para aclarar información fiscal. Por lo tanto, sabían o sospechaban que estaban siendo investigados.

Entonces se supo que con los nueve contratos adjudicados por la Administración Central y dos autonómicas (los servicios de salud de Canarias y Baleares) por valor de 54 millones tuvieron un beneficio del 32%, unos 17 millones, y habrían pagado a sus proveedores de material sanitario un 13% de los ingresos obtenidos. Entre estas empresas están MTM 180 Capital, del investigado Víctor Gonzalo de Aldama, presunto cabecilla de la trama empresarial de la 'operación Delorme' junto a Juan Carlos Cueto.