La amnistía entra en la vía de recursos con un impacto limitado entre los beneficiados

Entre ellas hay alrededor de 40 activistas (ciudadanos anónimos) que participaron en movilizaciones y acabaron inmersos en causas judiciales por desórdenes públicos; y 50 policías que trataron de impedir las votaciones en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 o lesionaron a manifestantes en las protestas de 2019, tras hacerse pública la sentencia contra los líderes independentistas.

En suma, hasta la fecha la ley de amnistía ha tomado dos caminos: la vía rápida para el primer perfil de beneficiarios, que proseguirá en septiembre, al regreso de la actividad judicial; y la vía lenta para los políticos que lideraron el 'procés', empezando por el expresidente catalán Carles Puigdemont o el líder de ERC Oriol Junqueras, quienes seguirán apelando en el Tribunal Supremo tras la primera negativa del juez Pablo Llarena y la sala presidida por Manuel Marchena a aplicarles la medida de gracia, pese a que la norma se diseñó en buena medida para arreglar su situación procesal.

Así, solo tres políticos han sido amnistiados hasta la fecha. La exalcaldesa de Figueres Marta Felip, pendiente de un juicio por desobediencia por su apoyo al referéndum; la secretaria general de ERC Marta Rovira, a la que Llarena sí aplicó la amnistía al estar procesada solo por un delito de desobediencia (no conlleva penas de cárcel); y el exconsejero catalán de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por contratar a un mosso para que hiciera de escolta de Puigdemont en Bélgica. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consideró que el delito de malversación de caudales públicos atribuido sí debía ser amnistiado porque no implicó un beneficio personal. Una interpretación radicalmente contraria a la que ha hecho hasta ahora el Supremo con los líderes del 'procés'.

Este portazo inicial del alto tribunal a la ley de amnistía obliga a los implicados a emprender la vía de los recursos antes de acabar, previsiblemente dentro de unos meses o un año, en el Tribunal Constitucional. La corte de garantías, de mayoría progresista, tendrá la última palabra sobre la legalidad de la norma. Ahora está por ver si sus magistrados se pronunciarán primero sobre las consultas que han elevado los jueces, caso de la supresión del delito de desobediencia entre los líderes del 'procés' o el TSJC en el caso del expresidente Quim Torra. También están las cuestiones de inconstitucionalidad que ya han planteado, por ejemplo, la misma Sala Penal del Supremo. El órgano presidido por Marchena considera vulnerados los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Otros tribunales también han decidido preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este es el caso del Tribunal de Cuentas, que hace un mes se convirtió en la primera instancia jurisdiccional que lleva la norma a la corte de Estrasburgo para que decida si su aplicación es acorde con el Derecho de la UE, sobre todo en lo concerniente a la supresión de la malversación en el 'procés' y si afecta a los intereses comunitarios.

También la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto elevar una cuestión prejudicial al tribunal europeo para preguntar si se puede amnistiar el delito de terrorismo en la causa de los llamados CDR (Comités de Defensa de la República). Considera que la ley genera «inseguridad jurídica» porque no establece con claridad qué supuestos terroristas son amnistiables y quiere saber si el perdón a los doce procesados por estos hechos afecta o no al derecho comunitario y a la directiva europea que regula la lucha contra el terrorismo. La respuesta se podría demorar más de un año.