Una revisión del PGM que dura ya 20 años en Logroño

No se revisa un Plan General de Ordenación Urbana de un año para otro, no; pero lo de Logroño, mandato tras mandato desde 2005-2006 que se puso a ello, apunta a récord. De hecho, del hoy Plan General Municipal (PGM) de la capital de La Rioja, ese instrumento de planeamiento general definido en la normativa urbanística como la herramienta básica de ordenación integral del territorio (a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable al mismo y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión), puede decirse que lleva 20 años en revisión. Una revisión que ha tenido varios intentos, no menos de uno con cada alcalde y alcaldesa desde entonces, pero que, de momento, sigue sin llegar.

Conrado Escobar es el último que aspira a concretar la necesaria actualización, esa que evitaría modificaciones puntuales del calado de la que se pretende en el tan traído y llevado sector Ramblasque, que data de 1998, precisamente desde la última 'revisión' del mismo (la anterior fue la del 92). El actual documento técnico y normativo que regula el desarrollo urbanístico de la ciudad, no obstante, está en vigor desde 1985, y a lo largo de sus prácticamente 40 años se ha ido moldeando con multitud de las citadas modificaciones puntuales, además de con las dos actualizaciones respecto a los cambios legislativos.

Así figura en el actual expediente, donde se concluye que «el PGM contiene un grado importante de obsolescencia, en algunos aspectos de mayor calado y en algunos otros menos significativos». El entonces popular Julio Revuelta fue el que lanzó la asistencia técnica inicial en 2006, adjudicada por Tomás Santos tras el cambio de gobierno de 2007 a José María Ezquiaga, y en ello seguimos tras no pocos parones. El primero, y el que lo cambió todo, fue por «la gran crisis económica» en torno a 2009 «que puso fin abruptamente al proceso expansionista» vivido hasta la fecha.

De hecho, no fue hasta casi una década después cuando se retomó el mismo, entonces con la primera regidora municipal de la historia de la ciudad, Cuca Gamarra, lo que finalmente se vio reducido a un avance en 2019 pues las circunstancias habían cambiado tanto que del contrato inicial solo pudo aprovecharse un 15% y ya era 'vox populi' que habría que licitar de nuevo. Tal avance es la base de la nueva intentona tanto con PSOE, primero, como con PP, después.

Y todo ello tras dos décadas de quiero y no puedo, con los consiguientes cambios de ciclo económico, altibajos en el mejor de los casos, y no exentos de polémica, la última y más reciente este mismo mandato después de que el PP se quedase solo a la hora de actualizar los criterios y objetivos para continuar con la revisión del PGM; dicho de otro modo, para que Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio (el estudio que ya resultó adjudicatario del contrato que se licitó para iniciar los trabajos en 2007 y autor del avance de 2019) prosiga con la asistencia que se le adjudicó durante el pasado 2021 y por la que fue expedientado (y sobre el que, para más inri, tenía una propuesta de resolución del contrato por incumplimiento).

El propio José María Ezquiaga lo explicaba en una carta remitida a Conrado Escobar en febrero del año pasado, poco antes de retomar el contrato y un año después de que el propio arquitecto y urbanista participase en un acto preelectoral del PP con el entonces candidadato a la Alcaldía en pleno expediente abierto por parte del Ayuntamiento. «Querría transmitirle que este equipo redactor renueva su compromiso con Logroño para culminar satisfactoriamente unos trabajos que tienen su primer antecedente en el contrato para la revisión del PGM que tuvo a bien adjudicarnos el Ayuntamiento en 2007. Este desistió en 2011 de elevar el documento al Pleno para su aprobación inicial debido a la profunda crisis social, financiera e inmobiliaria del momento».

Así lo recuerda para añadir que «con posterioridad, en 2016 el equipo redactor tuvo conocimiento del interés del Ayuntamiento en reactivar el contrato y darle continuidad con el desarrollo de un nuevo documento de avance para exposición pública en virtud del modelo territorial previamente elaborado en 2011. Para conseguir este objetivo el Ayuntamiento procedió en diciembre de 2017 a modificar el contrato vigente para la revisión levantándose su suspensión tácita para contemplar la redacción de un nuevo avance».

El mencionado avance, de hecho, fue el «punto de partida» de la nueva licitación efectuada en 2021 –pero si en la primera hubo hasta seis ofertas, en esta segunda solo una, la de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio–. Un nuevo contrato que, sin embargo, no resultaba. «Debe hacerse con calidad y así se ha requerido a Ezquiaga por mucho nombre que tenga», sentenció Hermoso de Mendoza en referencia al expediente abierto al mismo por «cumplimiento defectuoso», que lo dejó todo empantanado con las elecciones a la vuelta de la esquina y el posterior cambio de gobierno. Y ello con un informe de junio de 2023 emitido por la directora general de Urbanismo Estratégico, Pilar Sampedro, junto a otros de la misma unidad, proponiendo la resolución del contrato.

De ahí, hasta la controvertida actualización de los criterios y objetivos para su revisión, pese a estar aprobados dos años y medio antes; y, por si fuera poco, la posterior modificación del nombramiento de la responsable del contrato, en su caso la mencionada Sampedro, «en coherencia con la reasignación de competencias surgida de la modificación de la relación de puestos de trabajo de fecha 1 de julio de 2024». Es decir, la directora general de Urbanismo Estratégico, contraria a dicha actualización y al resultado del trabajo de Ezquiaga, fue cesada y actualmente ocupa otra dirección general, la de Agenda Urbana.

Por si algo le faltaba a una revisión del PGM que dura ya 20 años, el PR+, ante tanta modificación, solicitaba una comisión de investigación o, como poco, que el propio Escobar diese explicaciones. «Ha habido procedimientos que no han estado suficientemente motivados; desde la participación de Ezquiaga en un acto de precampaña del PP, a la reconversión en urbanizables de unos terrenos agrícolas en el norte de la ciudad y al cambio de criterio con el contrato», se sigue cuestionando Rubén Antoñanzas.

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