Detenido el exalcalde de Tricio Carlos Benito por presunta malversación de fondos públicos

La investigación de la Guardia Civil se inició después de que el pasado 19 de febrero de 2020, el portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Tricio, Óscar Martínez Nalda, y el presidente de dicho partido, Rubén Antoñanzas, presentaran ante la Fiscalía de La Rioja una denuncia, acompañada de documentación del Consistorio caracolero de los años 2009, 2016, 2017 y 2019, por la que consideraban que el anterior alcalde habría podido cometer «un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como delitos de prevaricación administrativa», según señaló Antoñanzas en aquel momento.

Martínez Nalda indicaba ayer que la actuación llevada a cabo por la Guardia Civil «era lo esperado», advirtiendo que «esto es solo la punta del hilo», ya que considera que el caso llegará «hasta donde quiera llegar la Fiscalía». El edil recordaba también el rechazo del equipo de gobierno que le desbancó de la Alcaldía –a tan solo mes y medio de haber accedido al cargo– a la auditoría que había anunciado cuando recogió la vara de mando municipal, «porque decían que no se podía hacer ya que era muy cara; era cara para ellos, como se está demostrando».

Tras reprochar a los actuales mandatarios municipales que no faciliten información, porque «hace tiempo que les he pedido que den cuenta de lo que están ganando», afirmó que «no habría ni que pedirles la dimisión, sino que se tendrían que ir por iniciativa propia, ya que actuaron como actuaron con la moción de censura mandados por el exalcalde».

Horas más tarde de conocerse la actuación policial, desde el PP se emitía una nota en la que subrayaban que «el exalcalde de Tricio ni está detenido ni tiene, hasta este momento, conocimiento de ningún procedimiento penal en su contra. Ni él ni el exsecretario interventor han recibido notificación alguna por parte de ningún juzgado».

También aseguraban que «las partidas sobre las que la Fiscalía abrió una investigación corresponden a partidas consignadas en los presupuestos aprobados por el pleno, fiscalizadas favorablemente por el secretario interventor, y aprobadas y fiscalizadas en la liquidación anual».

Por su parte, el Partido Riojano exigió «al PP y al PSOE la devolución de la Alcaldía», al mismo tiempo que pedían «la dimisión de los cuatro concejales que avalaron la moción de censura y del coordinador general del PP, Diego Bengoa, que amparó esa operación con el único ánimo de tapar los hechos que había descubierto el equipo de gobierno del PR».