El caso de los Pérez Jiménez, «una absoluta desproporción»

El pasado jueves 25, miembros de la PAH acompañaron a José Pérez Jiménez al Juzgado, donde su abogada intentó paralizar la subasta de la vivienda, por una deuda inicial de 5.600 euros, pero finalmente la casa se ha vendido.

La comunidad de propietarios del piso subastado, ubicado en el número 68 de la calle Marques de San Nicolás de Logroño, avaló en un comunicado la legalidad de sus actuaciones judiciales, ocasionadas por una deuda de 7.568 euros por parte de Pérez Jiménez, quien no ha abonado varias obras realizadas en el edificio desde hace diez años.

Ante situaciones en las que se pierde la vivienda, la PAH ha exigido a la administración que disponga de alquileres sociales por un importe asumible con los ingresos de las familias desahuciadas.

"En el caso de José Pérez no ha habido ninguna oportunidad", ha criticado, porque "nadie ha entrado a valorar que una familia que no tenía otros bienes de su propiedad se queda sin vivienda, en la calle, por una deuda que hubiera podido saldarse".

Todo esto casa muy mal con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por España, ha subrayado.

Ha criticado que, como esta familia -formada por cuatro adultos y un niño- no tenía otro bien que embargar se decidió subastar su única vivienda para pagar la deuda, con una tasación de 25.000 euros de la casa, que la PAH no sabe "cómo se ha realizado".

Según esta entidad, hasta que no llegó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Pérez "no tuvo asesoramiento ni acceso a abogado ni procurador".

Por ello, cuando se nombró abogado, "todos los esfuerzos se centraron en buscar ayuda económica y presentar un plan de pagos, que no fue atendido, para evitar la subasta de la vivienda a precio de saldo, como así ha ocurrido".

La PAH ha denunciado la "absoluta desproporción entre la deuda y la pérdida de la única vivienda" y ha considerado que "los derechos más básicos de las personas no se valoran y no se contemplan situaciones de precariedad de las que, por desgracia, hay muchísimas".

También ha recalcado que en La Rioja no hay vivienda social para estas situaciones y "otras que ocurren a diario", como los desahucios sin alternativa habitacional por no poder pagar el alquiler, un "trabajo en el que deberían involucrarse activamente todas las administraciones (local, regional y estatal)".

Por último, ha aludido a "la cantidad de viviendas vacías en manos de la banca, que, por cierto, tampoco paga la comunidad de propietarios, y que podrían dedicarse a este fin".