«No quieren dinero, quieren mi casa»

«Lo que empezó siendo un procedimiento monitorio se ha transformado en una ejecución de títulos judiciales», explica Nieves Verano, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en La Rioja, cuyos miembros se concentraron ayer en la puerta del Palacio de Justicia para apoyar a la familia de José Pérez Jiménez y solicitar al juez que valore «la proporcionalidad de la deuda con el hecho de que cinco miembros de una familia, incluyendo un niño de tres años, puedan acabar desahuciados».

Junto a José Pérez Jiménez, de 56 años, incapacitado tras sufrir cinco operaciones en una pierna, viven su esposa (55), discapacitada, sus dos hijos (de 34 y 23 años) y un nieto. La familia, con todos sus miembros en situación de desempleo, subsiste gracias a una ayuda mensual de 400 euros y a los alimentos que les proporciona Cáritas. La procuradora y el abogado de la familia ha presentado varios recursos de anulación del procedimiento para detener la subasta iniciada de forma telemática el 6 de enero con un precio de salida de 25.163,32 euros. El dinero de la venta, menos la deuda y los gastos, será para la familia. Ayer, al cierre de esta edición, no habían obtenido respuesta pero, en palabras de Nieves Verano, «no perdemos la esperanza». Porque la intención de la PAH es ayudar a la familia a saldar esa deuda y, para ello, es necesario «parar la maquinaria».

«Un vecino me ofreció por mi casa los 5.600 euros que debo y otros 5.000 euros», advirtió ayer José Pérez Jiménez, entendiendo que son víctimas de «una estafa extraordinaria». «Yo estoy dispuesto a pagar, no nos negamos, porque hay gente que nos va ayudar. Lo que le pido al juez es que no me tire a la calle porque tengo un nieto de tres años y mi mujer está enferma», reclama.

Aquella obra de la comunidad de vecinos se quedó «a medias» y por ella «me quieren desalojar porque no quieren el dinero, lo que quieren es mi casa», asegura José. La denuncia parte de la comunidad de vecinos de su edificio, que incluye una pensión, aunque «allí nadie da la cara y el primer abogado que tuvieron dimitió porque vio que era injusto, hay muchas anomalías, no me informaron de nada, yo no sabía ni que tenía que tener un abogado y un procurador y a los cuatro días me llegó la carta sobre la subasta».

«¿A dónde voy a ir? ¿Al Ebro? ¡Estamos en un país civilizado!», exclama José, quien, a pesar del problema que sufre, agradece la ayuda de la PAH, de su asistenta social y del Ayuntamiento de Logroño. Eso sí, tiene sus propias sospechas. «Cuatro personas se dedican a remodelar edificios y provocar derramas para que la gente pobre que viva allí no pueda pagarlas y así desalojarlos para después poner pensiones y pisos en alquiler y enriquecerse gracias a las personas que no tenemos capacidad de defendernos», acusa José Pérez Jiménez, y clama: «¡Por Dios, que esto llegue a toda España porque es una injusticia!». Y es que los gastos de comunidad pasaron de 5 a 280 euros debido a la derrama.