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Además de los diputados, el Gobierno y la ciudadanía a través de una ILP, los ayuntamiento riojanos también estarán habilitados a partir de ahora para impulsar leyes de alcance autonómico. Así lo contempla la reforma del Estatuto aprobada con la unanimidad de los cuatro ... grupos en la ponencia que se cerró el jueves y que amplía así la iniciativa legislativa a los consistorios. Garantizada estatutariamente esta posibilidad, ahora resta articular mediante una ley que deberá aprobar el Parlamento los mecanismos y requisitos exigibles para que los municipios ejerzan su nueva condición de actores normativos.
Se trata de una de las novedades que incorpora el documento que, tras ser depurado a la luz del pormenorizado dictamen elaborado por el Consejo Consultivo, el lunes se somete a la Comisión Institucional con tres enmiendas del PSOE aún vivas. El penúltimo paso antes del pleno que el jueves sancionará la reforma del Estatuto en la solemnidad de San Millán de la Cogolla.
Más allá de las cuestiones institucionales de postín que focalizaron el afán original para concretar (por fin) la reforma como la supresión de los aforamientos o la limitación a dos de los mandatos del presidente de La Rioja, el documento acordado por las fuerzas presentes en el hemiciclo incluye un amplio catálogo de aspectos que aluden al día a día del riojano de a pie. Algunas con un halo más declarativo que tangible, y otras con una repercusión directa. En esa línea se inscribe, por ejemplo, la disposición transitoria única que anula la normativa que en el 2013 dejó en suspenso la figura del Defensor del Pueblo Riojano. Una decisión que a efectos prácticos cristalizará en la recuperación de una institución que se reguló en el 2006 y estuvo dirigida desde entonces por la abogada del Estado María del Bueyo Díez Jalón hasta que en el 2012 renunció al puesto alegando razones laborales. Aquel fue el paso previo a la suspensión de la Defensoría, que tras la aprobación definitiva de la reforma estatutaria deberá buscar quién la dirija en la nueva etapa.
Jesús Ángel Garrido PP
Francisco Ocón | PSOE
Germán Cantabrana | Podemos
Tomás Martínez Flaño | Ciudadanos
Otro de los apartados que mayor debate ha suscitado durante la ponencia ha sido la designación del senador autonómico. Mientras hasta ahora se fijaba como condición que quien fuera elegido por el hemiciclo para ocupar plaza en la Cámara Alta debía ser obligatoriamente diputado regional, en el futuro no será requisito indispensable. El puesto podrá recaer en cualquier persona que ostente la condición política de riojano y no esté incurso en ningún supuesto de inelegibilidad, pero si el señalado disfruta del acta de diputado regional deberá renunciar a ella para dedicarse en exclusiva a su tarea en Madrid. Todo ello, a partir de que la reforma sea sancionada definitivamente por las Cortes. En tanto que el Congreso y el Senado están disueltos hasta las próximas elecciones generales del 28A y el texto no será efectivo la próxima legislatura nacional, cuando arranque regirá el actual modelo. Es decir, que el senador autonómico saldrá de la Cámara regional y compatibilizará ambos escaños.
Como en otros estatutos de reciente actualización como el de Murcia, el de La Rioja ofrece como valor distinto un apartado inexistente hasta el momento que reconoce un prontuario de derechos y deberes de los habitantes de la comunidad. Aunque no avanza más allá, su inclusión en el texto les otorga un rango institucional blindándolos ante virtuales afanes de derogación. Es el caso de la renta de ciudadanía, reforzada en el texto y conceptuada como mecanismo público de cohesión social y garantía para disfrutar de unas condiciones de vida digna. Un sentido similar cala en el artículo donde se constata que todo riojano tiene derecho a expresar su propia identidad de género, interpretado como el reconocimiento y respeto a los diferentes perfiles 'trans'. O la alusión expresa a velar especialmente por las víctimas de violencia de género en un contexto político donde algunos actores lo ponen en cuestión.
Mención especial merece el artículo que reconoce la compensación a La Rioja por parte el Estado en razón de los perjuicios generados por el 'efecto frontera' y que intencionadamente sigue figurando como el número 46. Mientras buena parte del Estatuto ha sido modernizado o ha sumado nuevos títulos y ratificado competencias, el artículo 46 permanece invariable con una redacción idéntica a la actual. Una circunstancia nada menor por haber constituido uno de los escollos que ha amenazado con desbaratar el acuerdo una vez que el PSOE puso en cuestión la voluntad del PP de dar el visto bueno al acuerdo en Madrid. Y todo ello, al hilo de que Pablo Casado afirmara en febrero que, de llegar a ocupar la Moncloa, no permitirá pactos bilaterales entre el Gobierno central y los autonómicos y que los populares riojanos matizaron en el último pleno confirmando que el PP también apoyará en Madrid el texto que se remita desde la comunidad.
La horquilla de diputados es uno de los escasos flecos que penden del acuerdo en una de las tres enmiendas del PSOE que siguen vivas. Mientras la ponencia se inclina por una máximo de 39 y un mínimo de 31, los socialistas abogan por el margen actual (32-40) para acotar el tamaño de la Cámara que, en todo caso, deberá definir la Ley Electoral.
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