De la demora a la urgencia pasando por la nonata alusión al vasco

El punto de inflexión llegó con la proposición de ley para acometer una reforma exprés firmada por Cs y apoyada parcialmente el PSOE. Un documento que llevaba un año en el cajón y que la formación naranja llevó al pleno en septiembre del 2018 con el afán de no demorar la actualización, aunque fuera sólo en pocos pero trascendentales aspectos como la limitación de mandados del presidente, la supresión de los aforamientos o la reconsideración del senador autonómico. El voto a favor del PP (y la abstención de Podemos) permitió la toma en consideración y con ello agilizar el proceso, al punto de que los populares supeditaron su apoyo a prescindir del dictamen del Consejo Consultivo o recurrir a expertos. La ponencia tornó así su carácter de estudio por otro legislativo para poner negro sobre blanco las aportaciones dominadas por un duro debate a cuatro que 'estalló' en la fase de presentación de enmiendas. La pretensión del PSOE de incorporar el Estatuto referencias al euskera como parte del acervo cultural de la comunidad provovó un incendio de proporciones mayúsculas y alcance incluso nacional. La marcha atrás de los socialistas volvió a empujar los trabajos, que al llegar a comisión toparon de nuevo con el rechazo del PSOE y Podemos, disconformes con la celeridad del proceso y la ausencia de la sociedad civil. En un continuo tira y afloja, la situación se recondujo con la cesión para contar con el Consejo Consultivo y abrir el Parlamento para que diferentes asociaciones y colectivos pudieran ofrecer sus aportaciones.

Garantizado de esta manera el apoyo de Podemos para la mayoría cualificada que exige la aprobación de un texto de tal calado, la unanimidad deseada queda pendiente de la postura final que tome un PSOE que no ha cejado de expresar sus dudas tanto por el fondo como por las formas. Ahí están las tres enmiendas que siguen vivas a la espera de la Comisión Institucional que se celebrará el lunes y su malestar con que Cs y PP hayan acordado en solitario celebrar el pleno de ratificación el próximo jueves en San Millán.

Con todas esas claves y a falta del trámite final de las Cortes, los cuatro grupos subrayan su papel en el proceso. El PP, en calidad de «actor principal» de lo que ha sido una prioridad de Ceniceros; el PSOE, como artífice del mayor número de propuestas y una reforma finalmente amplia; Cs arrogándose el impulso de unas tareas que parecían fenecer; y Podemos asumiendo la voz de la ciudadanía.

También el Gobierno ha mostrado su satisfacción por el acuerdo que, según afirmó ayer su portavoz Begoña Martínez Arregui, «es fruto de cuatro años de trabajo» y «ya al principio de la legislatura el presidente de La Rioja situó como una cuestión crucial».