Jalón defiende su gestión y dice que el «problema» fue «querer poner en orden las cuentas» de Viguera

Jalón, que este miércoles se sentará de nuevo en el banquillo en la segunda y previsiblemente última jornada de juicio, se enfrenta a cinco años y nueve meses de cárcel, 41 años de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público electo y el pago en conceptos de indemnización, multa o intereses de más de 30.000 euros por cuatro presuntos delitos de prevaricación administrativa, dos de malversación y uno de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Durante su interrogatorio aludió constantemente a la «falta de colaboración» de los tres concejales del PP que formaban la oposición frente a un gobierno municipal de coalición entre el PR+ y el PSOE. «La colaboración era nula, no eran más que protestas y denuncias por todo, hasta por respirar», señaló.

Respecto a la primera de las acusaciones, la contratación de su hija en 2012 como limpiadora siendo él alcalde, negó que él tomara la decisión, es más «yo no quería que mi hija se presentase porque conozco los temas y el pueblo». Aún así defendió que su hija era la única que figuraba como autónoma, de ahí que se decidió su contratación, además, la secretaria municipal nunca le advirtió sobre la incompatibilidad. «Ella siempre estaba sentada en la mesa de contratación y nunca me dijo que no podía estar allí».

En relación a la segunda de las acusaciones que aparece como pieza separada de la causa que se sigue contra el exregidor, el cobro de 3.404,2 euros procedentes de las arcas municipales por parte de la empresa de su propiedad Patrimonios Virgen del Rosario, explicó que esa cantidad se correspondía con una obra urgente que se tuvo que acometer por una fuga de agua. «No había tiempo para avisar a una empresa especializada. Cuando cortas el agua de boca hay que tomar una decisión rápida, no se puede sacar a licitación, hay que hacerla urgente y yo tenía una máquina en mi obra. Lo rápido era empezar a excavar. No pude hacer otra cosa, a mi me costó dinero esa obra».

El exprimer edil también defendió la firma de un convenio con un vecino del pueblo para que le cediera una parcela con el fin de hacer un aparcamiento. A cambio, le abonarían parte del IBI. Lo mismo hizo con la contratación de dos nuevos socorristas, entre ellos la hermana del también regionalista Miguel Gómez Ijalba, abogado del Ayuntamiento de Viguera.

En cuanto al expediente disciplinario y la expulsión de la secretaria municipal, Jalón detalló que así se acordó tras comprobar, poco después de llegar al Ayuntamiento, «que había cosas que no me encajaban, salidas de dinero sin justificar de la cuenta del Ayuntamiento a la de la secretaria». «En 2009 -aseguró- empezó a hacer transferencias dobles. Cobraba dos nóminas».

Sobre la segregación de una parcela propiedad de su mujer y de una empresa de la que era administrador, narró que las solicitó por escrito y las hizo como las anteriores. «Si yo ya había hecho seis segregaciones, cuando coincidió que estaba como alcalde se hicieron dos más». También en este caso negó que la secretaria le advirtiera sobre la incompatilidad de sus actuaciones.

Un extremo que la secretaria municipal, que declaró como testigo, negó. Al contrario, aseguró que le había dicho varias veces que podía tener problemas «pero nunca me respondía». Le comentó «que había incompatibilidades y no podía contratar con el Ayuntamiento. Me pidió el artículo de la ley de incompatibilidad y de hecho no volvió a contratar más veces», matizó.

La empleada municipal cree que la apertura de su expediente obedecía más a que «no me querían, quizá por las recomendaciones de legalidad que le hice al alcalde. Le vino muy bien cuando dijeron que era por un tema económico y cuando me volvió a incorporar también me recomendaron que me fuera». Explicó que volvió a ser readmitida como secretaria después de que el Ayuntamiento cambiara de abogado. La nueva asesora así se lo habría indicado al alcalde y así se hizo.

Otros concejales que entonces formaban parte del gobierno municipal también pusieron el foco en el abogado. Cuando desde el Ejecutivo regional se les advirtió de que la gestión para expulsar a la secretaria «estaba mal hecha, nosotros dijimos que habíamos hecho todo lo que nuestro abogado nos había dicho. Según la Consejería estaba todo mal, pero no por culpa nuestra, para eso teníamos a nuestro abogado».

Los tres concejales del PP, entonces en la oposición, relataron que nada más entrar en el Ayuntamiento a todos les dan un manual con las incompatibilidades, de ahí que el alcalde debía saber «qué podía hacer y qué no».