El fiscal acusa al exalcalde de Viguera de otros cinco delitos por los que reclama 36 meses de prisión

Francisco Jalón, quien en 2017 solicitó la baja temporal de militancia del PR+, suspensión en la que permanece, no solo defiende su inocencia, advirtiendo de que «las denuncias son falsas» y fruto de «venganzas», sino que, convencido de que debe ser absuelto, como ya lo fue en 2019 de acusaciones anteriores de «prevaricación administrativa» y «desobediencia grave y resistencia a la autoridad», ha facilitado a Diario LA RIOJA las diligencias completas del procedimiento, en el que el fiscal incluye otros cinco delitos contra él. Así, el fiscal le acusa de «prevaricación administrativa» y «malversación de caudales públicos» por haber contratado a su hija en 2012 como limpiadora del Ayuntamiento, siendo él alcalde; el cobro de 3.404,2 euros procedentes de las arcas municipales por parte de la empresa de su propiedad Patrimonios Virgen del Rosario; el abono de 370 euros a un particular con el que, como alcalde, firmó un convenio; la contratación de dos socorristas en 2013 para las piscinas «sin seguir procedimiento alguno»; y la expulsión de la secretaria municipal, a la que había abierto un expediente disciplinario e, incluso, denunciado ante la Fiscalía.

La suma de todas las acusaciones contra Francisco Jalón González acumulan una petición por parte del fiscal de 5 años y 9 meses de prisión, 39 años de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público electo y el pago en conceptos de indemnización, multa o intereses de más de 16.374,2 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago.

La abogada de Francisco Jalón exime a este de delito alguno y reclama que no se le atribuyan responsabilidades penales, pidiendo para él la absolución ante los delitos que le imputan tanto la Fiscalía como el Consistorio de Viguera. El propio Jalón ya explicó en 2014, cuando se abrió esta investigación, que –según su versión– «todo viene a raíz de una denuncia que hicimos de malversación de 150.000 euros del anterior Gobierno local cuando accedimos al Ayuntamiento». «También alertamos de que la secretaria se había llevado dinero de la caja», consideró el exalcalde.

Aquello provocó un cruce de acusaciones y denuncias entre Jalón y los alcaldes anterior (Luis María Jalón: PR-PP, 1995-2011) y posterior (Aitor Santibáñez: PP, 2015-2019). El PP denunció en 2013 presuntas «irregularidades urbanísticas» cometidas por Jalón y después, en 2018, expulsó a su propio alcalde, Santibáñez, tras haber sido detenido por la Guardia Civil por un presunto delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental.

Este laberinto judicial provocó que PP y PSOE se aliaran para gobernar, otorgando la Alcaldía al popular Álvaro Manzanos en 2019, cuando Santibáñez fue el más votado en las últimas elecciones municipales, liderando la agrupación Somos Viguera.

La concejala socialista Marta Ramírez, que a su vez denunció a Manzanos por estar empadronado en «un inmueble fuera de ordenación, con orden de derribo y sanción de 30.000 euros por infracción urbanística grave», lo apoyó justificando que «no había otra opción» porque el pueblo se encontraba en «muy mala situación» y era dejarlo «sumido en procedimientos judiciales o avanzar».

El actual alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos (PP), no ha querido hacer declaraciones. Y el PR+ ha recordado en una nota de prensa que «Francisco Jalón no es miembro del PR+ desde 2017».

En 2012 se concedió a la hija de Francisco Jalón (entonces alcalde) el contrato de limpieza del Ayuntamiento, «pese a la advertencia de ilegalidad efectuada por la secretaria» y «ante las quejas de quienes habían presentado su oferta en plazo». Al parecer, finalizado el plazo de presentación de ofertas solo había dos, «sin embargo, al momento de abrirlas aparecieron cuatro», resultando las dos nuevas de la hija y la cuñada del alcalde. Por esto se acusa a Jalón del delito de «prevaricación administrativa» y se pide para el exalcalde la inhabilitación durante 11 años para cargo o empleo público. No obstante, el exalcalde expone que la responsable de la limpieza del Consistorio hasta 2011 no estaba dada de alta en la Seguridad Social y que su hija presentó la oferta «más ventajosa».

En 2011 Patrimonios Virgen del Rosario, empresa de la que era propietario el alcalde y secretaria su esposa cobró dos facturas por parte del Consistorio de Viguera por 3.404,2 euros sin que exista «informe técnico alguno que acredite que dichos trabajos se hayan realizado». Por esto se acusa al exalcalde de «malversación de caudales públicos» y se solicitan para él 18 meses de prisión, 3 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros y de una indemnización de 3.404,20 euros. Jalón argumenta en este asunto que la adjudicación se produjo en «un contexto de absoluta emergencia», ante un peligro de desplome de unas viviendas a causa de una fuga de agua, y que Patrimonios Virgen del Rosario ya había trabajado para el Ayuntamiento antes de ser él alcalde.

En 2011 Francisco Jalón dictó orden de abono de 370 euros a un particular con el que, como alcalde, había firmado un convenio para que admitiera la realización de unas obras necesarias para el Ayuntamiento, en materia de comunicación y accesos, en unos terrenos de su propiedad situados en la calle Iregua de Viguera, a cambio de eximirle del pago del IBI de la finca y de la limpieza del inmueble tras las obras. Por esto se le acusa de otro delito de «malversación de caudales públicos» y se piden para él 18 meses de prisión, 3 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros y de una indemnización al Consistorio de 370 euros. Sin embargo, Jalón defiende que la cuantía abonada al particular corresponde a la devolución del IBI ya pagado, como se había acordado.

En 2013 el Ayuntamiento contrató a dos socorristas para las piscinas municipales «sin seguir procedimiento alguno, designando a personas que ni siquiera habían presentado currículum y sin constar solicitud de ninguna de ellas», siendo estas «la hija del otro concejal de su partido político y la hermana del asesor legal del Consistorio, también de su mismo partido», el PR+. Por estos hechos se acusa a Francisco Jalón de «prevaricación administrativa» por «nombramiento ilegal» y se reclama para el exalcalde 11 años de inhabilitación. Jalón justifica que las socorristas ya habían sido contratadas para trabajar en las piscinas entre 2006 y 2010 «sin seguir procedimiento previo alguno», razón por la que no se planteó «la posibilidad de seleccionar a otros candidatos».

En 2012 Jalón abrió un expediente disciplinario para expulsar a la secretaria municipal, según se expone, tras la «advertencia continua de las ilegalidades cometidas» que advertía esta, llegando a denunciarla ante la Fiscalía en 2013 por presunta «malversación de caudales públicos». Estos hechos fueron sobreseídos provisionalmente para la secretaria en 2015 por el Juzgado de Instrucción 3 por no haber quedado acreditada la comisión de delito alguno pero ahora, en cambio, a Jalón se le acusa de «prevaricación administrativa» y se piden para él otros 11 años de inhabilitación y una indemnización al Ayuntamiento por los intereses abonados por el impago de los salarios de la secretaria. Jalón defiende que la expulsión de la funcionaria interina fue consensuado con la Corporación.