El impuesto de circulación subirá para 106.760 coches y todoterrenos riojanos

La propuesta supondrá subir el impuesto de circulación, atendiendo a las etiquetas medioambientales establecidas por la Dirección General de Tráfico (DGT), a 106.760 turismos y todoterrenos que en la actualidad circulan por La Rioja y que, o bien carecen de distintivo (53.184), o bien tienen la etiqueta 'B' (53.576), la correspondiente a los vehículos de gasolina matriculados a partir de enero del 2000 y a los diesel a partir del 2006. En conjunto, estos vehículos con una antigüedad superior a los trece años representan el 72,3% del parque automovilístico riojano, cuyas categorías se completan de la siguiente forma: los puramente eléctricos o emisiones 'Cero' (55 en la comunidad), los 33.117 que tienen la etiqueta 'C' (los de gasolina matriculados desde enero del 2006 en adelante y los diesel a partir del 2014), los 1.554 'Eco' (híbridos) y los 6.144 restantes que la DGT cataloga con un 'se desconoce'.

El Ministerio de Hacienda será el encargado de abordar la reforma del impuesto, junto a los ayuntamientos, que son las administraciones competentes de su recaudación.

El caso es que la situación ha generado «un caos» en los concesionarios de todo el país y, también, de La Rioja. Así lo lamenta el presidente de la Asociación Riojana de la Automoción (ARIAUTO), integrada en la FER, Ricardo Operé.

Según explica, los consumidores «carecen de seguridad jurídica ante los mensajes confusos que lanzan los políticos» y eso les retrae mucho en sus decisiones de compra, además de que no hay planes de incentivo que funcionen como en años anteriores. De hecho, Operé recuerda que las operaciones de venta bajaron el 14% el ejercicio pasado en La Rioja «y la tendencia es similar en lo que llevamos de año», afirma. Esto ya está teniendo importantes repercusiones en el empleo en los fabricantes, «donde ya estamos viendo expedientes de regulación en Opel o en Nissan». Por cierto que desde enero, y como consecuencia de una normativa europea, Bruselas está multando a las compañías automovilísticas por cada coche desarrollado y en circulación que emita más de 95 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. La sanción asciende a 95 euros por cada gramo que exceda ese límite máximo y el propósito es fomentar el desarrollo y la distribución de vehículos híbridos y eléctricos.

Por su parte, la jefa de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, explica que el objetivo del PNIEC es conseguir una movilidad que sea más sostenible con el medio ambiente, «pero también será más segura, pues los nuevos vehículos están dotados de sistemas de protección activa y pasiva más avanzados que los antiguos».